El pasado miércoles 15 de febrero, presentamos un nuevo urgimiento, trámite legal para insistir que se resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada en setiembre del año 2019 ante la Corte Suprema de Justicia. Desde el 2019 venimos recibiendo negativas ante la petición de acceso a la información por parte del Ministerio del Interior como de la Policia Nacional. Esta petición consiste en tener acceso a información sobre la implementación de tecnología biométrica en cámaras de videovigilancia en la ciudad de Asunción.
El documento fue presentado la semana pasada ante la Secretaría Judicial I de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. bajo el patrocinio del abogado Federico Legal de IDEA.
Según informaciones proveídas por la autoridad judicial, el Ministro Antonio Fretes ha sido el preopinante y el urgimiento se encuentra, actualmente, en el despacho del Ministro Cesar Diesel desde donde pasaría, posteriormente, al Ministro Victor Rios para la realización del voto final.
Antecedentes
A través de una solicitud de acceso a la información púbica, solicitamos al Estado Paraguayo que:
- nos brinde detalle sobre el sistema de tecnología biométrica que se encuentra implementando el Ministerio del Interior y la Policía Nacional desde julio del 2018,
- nos informe sobre los detalles de implementación, protocolos y cualquier tipo de tratamiento de datos de las personas que son utilizados en el sistema de reconocimiento facial,
- nos brinde claridad sobre la finalidad de sistema,
- nos indique si se han evaluado las tasas de error del algoritmo que utiliza el software y
- nos indique si se ha hecho un análisis sobre el impacto sobre los derechos humanos respecto al uso del este sistema.
En abril del 2019, tras el pedido de información realizado por Maricarmen Sequera, co-directora de la organización, la respuesta del Ministerio del Interior fue insuficiente y evadió explicar detalles sobre el sistema de tecnología biométrica. En el mismo año, un amparo judicial fue presentado por falta de información, pero fue denegado en primera y segunda instancia.
Las sentencias judiciales a la fecha violan el derecho a la privacidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión, lo que afecta al respeto de los derechos humanos de toda la sociedad paraguaya.