Dos meses antes de la matanza de 11 campesinos y 6 policías en junio de 2012 en Campos Morombí — conocida como Marina Kué, en la localidad de Curuguaty — , el gobierno de Paraguay se incorporaba oficialmente a la Alianza de Gobierno Abierto. Con esta incorporación, el gobierno se comprometía a mejorar su gestión a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Actualmente, el compromiso sigue vigente. El protagonismo de organizaciones de sociedad civil en la creación del segundo plan de acción como la aprobación de la Ley de acceso a información pública son ejemplos claros de ello.
Sin embargo, un gobierno abierto no puede entenderse como tal sin transparencia y justicia en conflictos que marcan la historia del país. La masacre de Curuguaty es probablemente el más importante de los últimos años. Es por ello que el proceso judicial de este caso pondrá a prueba los límites del gobierno abierto que se pretende construir.
Actualmente, de la iniciativa de Gobierno Abierto participan un número de instituciones del Poder Ejecutivo. Pero idealmente, a mediano y largo plazo veremos la incorporación plena de gobiernos locales y otros poderes del Estado a este esfuerzo de transparentar el ejercicio gubernamental, responder a la ciudadanía y fomentar más espacios de co-creación y diálogo. Sólo así podremos hablar de una iniciativa integral y coherente. Un gobierno abierto debe serlo en su totalidad, y no en fragmentos aislados. Por tanto, la conducción y la resolución a la masacre de Curuguaty está íntimamente relacionada a esta loable iniciativa.
El lunes 27 de julio está fechado el inicio del juicio oral de este caso que no se desarrolla sin controversias. Denuncias de coacción a la defensa de los campesinos, atropello a derechos procesales y otras graves irregularidades debilitan la confianza en el proceso judicial. Todo esto en el marco de un conflicto sobre la titularidad de la propiedad donde ocurrió la masacre, representativo de un problema central que Paraguay atraviesa con respecto a la distribución de tierras.
Ante esta situación, manifestamos nuestra adhesión a la causa de Curuguaty. En línea con la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales que promovemos, y como organización que trabaja de cerca el proceso de gobierno abierto en nuestro país, nos sumamos a la demanda de las organizaciones locales e internacionales y exigimos un juicio transparente, observado, comentado, garantizado para la defensa y los acusados, público y transmitido.
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