Este blog es producto de una pasantía realizada por un estudiante de la University College London (UCL) en TEDIC y no necesariamente refleja opiniones de la organización.
La minería de criptomonedas, también conocida como “criptominería”, es un proceso de alto consumo energético que implica el uso de computadoras en “granjas” de centros de datos para producir o “minar” criptomonedas como Bitcoin. En los últimos seis meses, este procedimiento ha recibido mucha atención en Paraguay.
Empresas del sector privado y algunos legisladores han estado conversando sobre la criptominería, con relativamente poca representación o participación de la sociedad civil. Este artículo es un paso adelante para cerrar esa brecha, respondiendo algunas de las preguntas claves para entender en qué parte del camino tecnológico se encuentra Paraguay.
Esta entrada de blog se basa en el interés de la organización TEDIC en los impactos de la minería de criptomonedas en el territorio paraguayo. Concretamente, TEDIC realizó investigaciones sobre tres temas clave desarrollados anteriormente en este blog, publicando una serie de entradas e informes de investigación: considerando el impacto ambiental de la minería, explorando la participación del Estado paraguayo en los ecosistemas de criptomonedas y blockchain, y poniendo el foco en cómo Paraguay debería dar uso a su energía barata y quién se beneficia de esta.
¿Quiénes son los principales actores involucrados?
El sector privado. Según informes, entre 50 y 70 empresas tienen contratos con la ANDE1 para el uso de electricidad con fines de criptominería. Se trata de una mezcla de entidades paraguayas (por ejemplo, Penguin) y empresas extranjeras más grandes provenientes de países como Cánada (Bifarms & pow.re), EE.UU. (Delta) y China (Muyden). Algunos de los actores del sector privado están representados por grupos de lobby de la industria, como la Camara Paraguaya de Fintech (Vertical Blockchain) y la Cámara Paraguaya de Mineria de Activos Digitales (CAPAMAD).
Grupos de minería ilícita. También hay un gran número de actores clandestinos que roban energía de la red eléctrica para alimentar sus instalaciones mineras. Este año, la ANDE ha intensificado sus esfuerzos para intervenir en estas operaciones “ilegales”, alegando que son una amenaza para la estabilidad de la red y haciendo hincapié en la enorme pérdida financiera que el robo de electricidad supone para la empresa estatal de energía. Sin embargo, también se realizaron denuncias sobre funcionarios de la ANDE que colaboran con los mineros ilegales para ayudarlos a localizar e instalar los equipos en lugares ocultos.
Legisladores. La conciencia política y el apoyo legal a los mineros ha sido diverso. Algunos senadores han desarrollado una narrativa a favor de la minería, enfatizando la gran oportunidad económica que presenta para Paraguay. En cambio, la respuesta del Ejecutivo fue más ambigua. Si bien en abril el presidente publicó un video visitando el mayor sitio de minería, desde entonces ha sido más cauteloso a la hora de mostrar apoyo al sector. El Ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, se ha mostrado más positivo acerca de la minería e incluso sugirió en una entrevista que también el Presidente ve el potencial de la industria.
¿Cómo se regula?
De acuerdo a un decreto legal del 2022, los mineros deben pagar a la ANDE por el uso de la energía. Según el Decreto N° 7824/22, que establece las tarifas para los mineros como Grupo de Consumo Intensivo Especial, el precio de la energía oscila entre $44.28 – $59.89 por MWh, dependiendo de los requerimientos de la operación. Ha habido presión de parte de algunos partidos políticos opositores y de la sociedad civil para que se aumente la tarifa y así compensar adecuadamente los costos de transmisión, distribución y mantenimiento de la red. Recientemente, la ANDE anunció la actualización de las tarifas, alegando que necesitaba cubrir el aumento del costo de la energía de Itaipu2. Si bien el presidente afirmó que este precio no desalentaría la inversión extranjera, la decisión de la ANDE recibió mucho rechazo por parte de las empresas y políticos vinculados a la minería. Concretamente, estas reacciones han cuestionado la premisa utilizada por la ANDE para justificar el aumento del precio, sugiriendo que el costo real de la energía de Itaipú ha bajado respecto al 2022. Junto a estos argumentos, se ha afirmado que el incremento en el precio causará que Paraguay pierda los beneficios de la inversión extranjera, con mineros presuntamente ya buscando reubicarse en Brasil.
Hasta ahora, el sector se ha regulado más o menos por sí mismo. Sin embargo, los vientos parecen estar cambiando, ya que desde abril de 2024 se han presentado hasta cinco proyectos de ley que se enfocan en regular las criptomonedas. En relación con la minería, el más significativo de estos proyectos ha sido una propuesta de prohibición de actividades durante 180 días, período en el cual el gobierno debía considerar la mejor manera de controlar la industria. Sin embargo, la dirección de este impulso legislativo cambió después de semanas de lobby por parte del sector privado, lo que dio lugar a que mineros y senadores declararan a favor de la minería durante una audiencia pública. A su vez, esto generó que, poco después, el proyecto se pospusiera indefinidamente.
A partir de las conversaciones respecto a la prohibición, se actualizó el Código Penal para tipificar como delito el robo de electricidad en las explotaciones mineras ilegales. Los cambios propuestos al Artículo 173 del Código Penal, apoyados por el Ejecutivo, implican que cualquier persona declarada culpable de robar electricidad para la criptominería estará sujeta a hasta 10 años de prisión. Esta ley ya ha sido aprobada por el Ejecutivo y sancionada por el Congreso. Por su parte, la ANDE ha dejado muy claro que la ley ya se encuentra en vigencia, colocando múltiples anuncios en su página web solicitando a los usuarios de electricidad que denuncien el robo de energía.
Mientras tanto, un proyecto presentado a finales de mayo para registrar la minería como industria parece tener un fuerte apoyo político. Este proyecto hace recordar al esfuerzo por regular la industria que finalmente fue vetado por el presidente en 2022. Propone mejorar la transparencia de las empresas mineras y de este modo disuadir la minería ilegal y el uso de la minería para el lavado de dinero. Además propone garantizar el cumplimiento de los estándares medioambientales.
¿Qué se está haciendo para abordar el impacto ambiental?
Al igual que otras actividades empresariales e industriales, los mineros deben presentar una evaluación de impacto ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Esto implica exhibir diversos datos técnicos sobre sus proyectos (por ejemplo, cómo afecta a los cursos de agua locales), considerar cómo se liberan las sustancias químicas durante la construcción y cómo los residuos sólidos (incluidos los equipos electrónicos usados) deben tratarse con cuidado y ser gestionados por entidades de reciclaje que operen de acuerdo con la legislación medioambiental del país. Sin embargo, según comunicaciones mantenidas con personas que trabajan en la minería de criptomonedas y las investigaciones (p. 14) realizadas anteriormente por TEDIC, muchas empresas no cumplen la normativa y ni siquiera se molestan en realizar las evaluaciones de impacto.
Por otra parte, no hay transparencia en cómo se maneja realmente el equipo desechado. Y si bien los residuos electrónicos no son un problema exclusivo de Paraguay ni de las máquinas de criptominería, el país está atrasado en términos de regulaciones para abordar dicho desafío. Esto contrasta con los ejemplos observados en Suiza y Noruega, cuyos gobiernos han establecido obligaciones rigurosas para los residuos electrónicos, como hacer más eficiente la recolección del desecho en general e imponer obligaciones más estrictas a los productores para que se responsabilicen de los residuos electrónicos de sus productos.
La contaminación sonora es un problema cada vez más común. En barrios de Villarrica se reportaron anécdotas que sugieren que los residentes están siendo sometidos a ruidos fuertes y constantes procedentes de las operaciones mineras. Este fenómeno está causado por los enormes ventiladores utilizados para refrigerar los ordenadores que, según una investigación de la revista TIME, en otros centros mineros del mundo ha sido relacionado con problemas de salud.
¿Cuál es el debate en torno al empleo?
Los detractores de la minería señalan el escaso número de personas empleadas por las empresas mineras, en relación con el elevado consumo de energía. En comparación con las industrias tradicionales paraguayas, como la textil o la de procesamiento de mandioca, algunos consideran que la minería no contribuye positivamente a las oportunidades de empleo locales, lo que hace injustificable la elevada cantidad de energía utilizada. Según datos recientes reportados por el Instituto de Previsión Social (IPS), dos tercios de las empresas mineras de Paraguay no tienen empleados formales, con un total de 383 personas empleadas formalmente en el sector.
No obstante, los que trabajan en este sector señalan que los empleados están altamente cualificados y reciben una remuneración muy por encima del salario medio en Paraguay. De esta manera, muchos jóvenes paraguayos licenciados en ingeniería ocupan esos puestos de trabajo. Los mineros señalan que sus operaciones tienen un efecto indirecto en el empleo: ingenieros civiles y eléctricos, contadores y abogados de las jurisdicciones locales suelen ser contratados para trabajar con las empresas mineras. También remarcan que hay potencial para que crezcan los clústeres económicos, un conjunto de servicios que apoyan a la minería (por ejemplo, empresas de mantenimiento de hardware).
¿Cuál es el panorama general?
La pregunta clave que surge de la conversación sobre la minería y su regulación no es nueva. ¿Quién se beneficia del excedente de energía que Paraguay obtiene de sus fuentes hidroeléctricas? El sector minero no figura en el plan nacional de desarrollo industrial o tecnológico, a pesar de que hoy día es uno de los mayores consumidores y beneficiarios de la energía eléctrica de Paraguay.
Los mineros deberían ofrecer más datos sobre la dinámica laboral, proporcionar transparencia en las evaluaciones medioambientales y facilitar una participación más abierta en la elaboración de políticas para ayudar a los ciudadanos a comprender cuáles podrían ser las contribuciones de esta industria. Para lograrlo, el debate debe ser más local. Actualmente, la conversación se centra en narrativas nacionalistas sobre lo que la minería podría significar para el futuro del país. Sin embargo, hay poca consideración sobre cómo las comunidades fuera de la capital, que son las más afectadas por la minería, pueden contribuir a la regulación y la formulación de políticas sobre el tema.
1La ANDE (Administración Nacional de Electricidad) es una empresa pública de propiedad estatal que gestiona y opera la transmisión y distribución de electricidad del país. Tiene el monopolio del servicio eléctrico y controla la distribución desde las principales represas hidroeléctricas de Paraguay: Itaipú, Yacyretá y Acaray
2Itaipú es la represa hidroeléctrica que Paraguay comparte con Brasil. Es una de las mayores represas del mundo en cuanto a capacidad energética y aporta aproximadamente el 86% de la electricidad del mercado paraguayo
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