Expertos internacionales comentaron el proyecto de ley de datos personales

La quinta charla de la Coalición de Datos Personales tuvo como invitados a Paula Vargas, Chair del Grupo de Datos Personales de ALAI (Asociación Latinoamericana de Internet) de Argentina, Adela Goberna, analista de políticas públicas de ALAI, de Argentina y José Bermudez de la Universidad de Externado de Colombia. El encuentro contó con la moderación de Paloma Lara Castro, analista de políticas públicas de nuestra organización.

Una ley centrada en las personas

Paula Vargas resaltó la necesidad de que la regulación de los datos sea acorde con lo que las personas necesitan. “¿Cuál es la forma en que las personas entienden sobre su privacidad? ¿Cómo van a poder comprender de mejor manera la información?”, se preguntó. Allí explicó que la privacidad comienza desde el diseño, cómo se diseñan no solo productos sino regulaciones. “En lugar de tener un listado de requisitos a cumplir que tal vez no contribuyen a ese objetivo, debemos pensar cómo hacemos entre todos para pensar cuál es la mejor manera de proveer esa información sobre privacidad que sea comprensiva, accesible y relevante”.

Incluir a la innovación como un elemento de análisis en la ley

Una observación de Paula Vargas fue la necesidad de contemplar a la innovación, tal como lo hizo Brasil en su legislación. “Una ley de datos además de proteger un derecho fundamental tiene un rol en promover el uso responsable de los datos para la innovación”, explica. La innovación representaría la ampliación de las bases legales de procesamiento, de acuerdo a la experta argentina.

Paula Vargas sostuvo que el consentimiento como única base legal de procesamiento de datos es problemático para todo tipo de sectores. “Esto hace difícil la sostenibilidad del proyecto en el futuro por el tipo de innovaciones que se dan”, resaltó. Nuevamente se refirió a la legislación brasileña que posee más bases legales como el interés legítimo o la necesidad contractual.

Evitar ambigüedades en la redacción

Vargas explica que la implementación de una ley de datos personales requiere recursos humanos y económicos y que las ambigüedades en el texto salen caros. En el sector privado esto tiene un impacto concreto económico, puede significar además cambiar un producto. “Es importante repensar las ambigüedades para minimizarlas o mitigarlas”

La protección de datos debe equilibrarse con el interés público y la libertad de expresión

Adela Goberna se refirió al artículo del proyecto de ley referente al derecho de supresión y del derecho al olvido. La experta argentina subrayó que es necesario tener en cuenta la afectación desproporcionada que puede tener incluir a ese concepto ya que puede vulnerar el derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos. “Creo que lo importante a tener consideración sobre el derecho al olvido son las tensiones con otros distintos ordenamientos jurídicos”.

Goberna expresó que América Latina ha hecho un gran esfuerzo para defender su libertad de expresión, un derecho fundante de distintos países regionales que a la vez es preponderante. “La protección de datos debe equilibrarse con el derecho a saber, con el interés público y la libertad de expresión”, indicó.

Ir más allá del cumplimiento legal

Jorge Bermudez resalta que la legislación debería impulsar a las organizaciones a ir más allá del cumplimiento legal. “Las legislaciones modernas deben buscar la manera de incentivar a las organizaciones”, expresó el experto colombiano. De esta manera, estas buenas prácticas serían tenidas en cuenta por la autoridad a la hora de imponer sanciones. “La demostración de que realmente la empresa ha implementado buena prácticas se convierte en un mecanismo para que la autoridad varíe en su función”.

El rol de la autoridad de datos personales

Bermudez resaltó la importancia de definir el rol de la autoridad de aplicación de la ley. “Cómo ser selectivos para ser efectivos”; así resaltó las dificultades que enfrenta este tipo de institución. Un rol que mencionó fue el de enforcement, que se refiere a la persecución de infracciones.

Sin embargo, Bermudez aconsejó que en el caso de asumir un rol de gestor de quejas de usuarios, la institución debería tener la posibilidad de mirar solamente los casos de mayor impacto. Esto porque, en el caso de Colombia, donde la autoridad tiene la obligación de mirar quejas de titulares, supone una carga absolutamente excesiva y representa un desgaste de recursos siempre limitados.