Las elecciones implican hitos importantes en la participación política de las sociedades democráticas y la construcción de un estado social de derecho. El derecho a la libertad de opinión y expresión en el contexto de elecciones permite a los partidos políticos y a las personas candidatas hacer campaña libremente, compartir propuestas y relacionarse con la ciudadanía. Permite que las personas puedan expresar sus opiniones sobre las políticas y el desempeño de figuras políticas, discutir, debatir, decidir a quién elegir y, no menos importante, solicitar la rendición de cuentas. A su vez permite a las personas periodistas informar sin miedo a represalias ni favoritismos, y a las instituciones electorales a garantizar que las elecciones sean libres, justas y seguras.
Sin embargo, en muchos países las elecciones se desarrollan en contextos de tensiones políticas exacerbadas durante las cuales se reprime la libertad de expresión y otros derechos humanos. Asimismo, se perciben ataques a personas candidatas, activistas políticos y periodistas. Se manipula la información para difundir desinformación, discursos de odio y otros tipos de violencia, amenazando la participación ciudadana y la confianza pública en la democracia. La tecnología ha potenciado tanto las oportunidades como las amenazas para los procesos democráticos. Por un lado, ha facilitado el acceso a la información y ha aumentado las vías y posibilidades de buscar, recibir y difundir información e ideas y de formarse opiniones. Por otro lado, ha amplificado la desinformación y la violencia dirigida contra mujeres, candidatas electorales, periodistas y otros grupos en situación de vulnerabilidad participantes de esos procesos.
En ese sentido, la relatora especial sobre la promoción y protección de la libertad de opinión y de expresión de la ONU Irene Khan solicitó contribuciones para su próximo informe sobre libertad de expresión y elecciones en la era digital que se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025. El llamado a contribuciones fue abierto a los gobiernos, organizaciones internacionales y regionales, organismos nacionales de gestión electoral, misiones de observación electoral, instituciones nacionales de derechos humanos, medios de comunicación, empresas de tecnología digital, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas a compartir sus puntos de vista. El informe analizará el entorno informativo en el contexto electoral y evaluará las oportunidades, amenazas y desafíos a la libertad de expresión y su impacto en las personas votantes con enfoque en los grupos en situación de vulnerabilidad. Algunos temas centrales en el área de los derechos digitales a abordar son el papel, las responsabilidades y las respuestas de los agentes estatales y no estatales en materia de IA.
Desde las organizaciones TEDIC, Derechos Digitales, IPANDETEC y Fundación Karisma presentamos nuestra contribución sobre las amenazas y los desafíos a la libertad de expresión durante las elecciones en Latinoamérica. En este marco, las principales preocupaciones identificadas y plasmadas en el informe a la relatoría son las siguientes.
Amenazas
Violencia de género en línea contra mujeres políticas
Las mujeres políticas se enfrentan a niveles desproporcionados de acoso en línea, a menudo con el objetivo de silenciar sus voces y desacreditar sus campañas. Esta forma de violencia no sólo vulnera sus derechos, sino que debilita la participación democrática al desalentar la implicación de las mujeres en la vida pública. Estas situaciones conllevan a la autocensura, una respuesta al acoso en línea que afecta negativamente a su derecho a la libertad de expresión y opinión.
En Colombia se documentó la persistencia de la brecha de género en las candidaturas y campañas políticas durante las elecciones de 2022 exacerbada por la violencia que sufren las mujeres políticas en las redes sociales. En Panamá se concluyó que el tipo de violencia política en línea que sufren las candidatas se dan en forma de ataques dirigidos a sus roles políticos y agresiones directas durante las elecciones en 2024. También se han empleado de forma no consentida GenAI y deepfakes1 para suplantar la identidad de mujeres candidatas, socavando sus campañas al atacar, engañar o difundir información falsa sobre su vida personal. En ese sentido, presentamos los casos de uso de GenAI y deepfakes contra mujeres políticas en Brasil, México y Paraguay.
Reducción del espacio cívico
Otra amenaza importante para la libertad de expresión durante las elecciones es el aumento de las llamadas “leyes anti ONG”, que reflejan una tendencia preocupante en América Latina con particular mención a los casos de Paraguay, Perú, Nicaragua y Venezuela. Estas leyes vienen acompañadas de narrativas engañosas y hostiles que desacreditan a las organizaciones de la sociedad civil presentándolas como agentes de intereses extranjeros o asociándolas con actividades ilícitas. El impacto de estas leyes y narrativas hostiles incluye la estigmatización de la sociedad civil, exponiendo a sus miembros a ataques y contribuyendo a la reducción del espacio cívico. La ambigüedad de las sanciones agrava aún más el problema, fomentando la autocensura en diversos escenarios, especialmente durante los periodos electorales, cuando muchas organizaciones intensifican su escrutinio de las autoridades actuales y de las personas candidatas que compiten por cargos públicos.
Desinformación promovida por los Estados
La desinformación patrocinada por el Estado y la connivencia con las empresas de plataformas para controlar las narrativas públicas suscitan serias preocupaciones sobre el control gubernamental del ecosistema de la información. Uno de los casos más representativos de la propagación de la desinformación oficial en contextos electorales se produjo durante la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil. Su retórica antidemocrática durante la fase de reconocimiento de la victoria de su oponente, el candidato Lula da Silva, incitó un intento de golpe de Estado en el país en enero de 2022. Una reciente investigación judicial sobre el intento golpista concluyó que la desinformación promovida por el Estado desempeñó un papel fundamental en y formaba parte de una operación de información coordinada. Las plataformas de medios sociales no tomaron medidas decisivas para impedirlo ni para salvaguardar la integridad de las elecciones.
Desafíos
Falta de datos: un obstáculo para enfrentar la desinformación
La falta de metodologías estandarizadas para evaluar el impacto de la desinformación en el comportamiento de las personas votantes, los resultados electorales y las instituciones democráticas es un reto importante a la hora de abordar la desinformación en contextos electorales. Esta laguna dificulta la formulación de políticas basadas en pruebas y obstaculiza los esfuerzos para diseñar intervenciones específicas, dejando a la desinformación como una amenaza incontrolada para la integridad electoral.
En 2024 Meta anunció la desactivación de CrowdTangle, una herramienta crucial para los investigadores que estudian las interacciones de la audiencia en la plataforma y la viralidad de los contenidos. Aunque sustituyó esta herramienta por su Ad Library el acceso a la misma está altamente restringido, limitando su uso a personas afiliadas a instituciones académicas y organizaciones sin fines de lucro, excluyendo a periodistas e investigadores independientes. En enero de 2025, Meta anunció el desmantelamiento de su división de fact checking para adoptar un modelo de notas comunitarias similar al implantado por la plataforma X. Este cambio implica un importante retroceso en los esfuerzos por avanzar en la integridad de la información, especialmente durante los periodos electorales, cuando el flujo de contenidos violentos y engañosos se intensifica debido a la competencia política.
El declive del periodismo local y sus implicaciones
El declive de los medios de comunicación locales, especialmente de los periódicos, ha reducido el compromiso cívico, el conocimiento y la confianza, lo que ha contribuido a la propagación de la desinformación. El coste del periodismo de calidad y las dificultades financieras del sector plantean grandes retos. El dominio de empresas como Facebook y Google en la publicidad ha debilitado aún más la estabilidad financiera del periodismo independiente, afectando negativamente a los medios locales.
Las crecientes «industrias de la influencia» y su opacidad
Estos conglomerados empresariales operan en múltiples países de la región y funcionan con escasa transparencia. Diversos informes elaborados por alianzas de medios de investigación detallan cómo las regulaciones electorales en América Latina, España y Estados Unidos no abordan adecuadamente el fenómeno de la industria de la influencia, sus operaciones de desinformación, quién las financia y otras cuestiones relacionadas. En los países latinoamericanos, esta industria prospera en un contexto de débiles leyes de acceso a la información, marcos de protección de datos mal aplicados o falta de ellos y regulaciones ambiguas o inadecuadamente supervisadas sobre la financiación de los partidos políticos.
Modelos de negocio y algoritmos de las plataformas
El modelo de negocio de las plataformas en línea, que se nutre de los principios de la economía de la atención y el capitalismo de la vigilancia, incentiva la amplificación de contenidos nocivos e ilegales, como la incitación al odio, la desinformación y las opiniones extremistas, ya que es más probable que provoquen fuertes reacciones de las personas usuarias. En este entorno, los hechos verificados y el debate razonado pasan a un segundo plano, ya que los algoritmos de las plataformas dan prioridad a los contenidos que provocan indignación o conflicto. Esta tendencia algorítmica es aprovechada especialmente durante las elecciones para sesgar el discurso público, intimidar a los disidentes y crear así una esfera pública polarizada.
A pesar de estos retos, las regulaciones de las plataformas han evitado en gran medida abordar directamente los modelos de negocio subyacentes y las arquitecturas de diseño tecnológico que perpetúan estos problemas.
Esfuerzos para regular la IA y la desinformación
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay ha presentado varias iniciativas para fortalecer la integridad electoral en entornos en línea. Entre ellas, destacan un acuerdo con el Tribunal Electoral de Panamá para promover el uso ético de la tecnología y una próxima colaboración con plataformas de redes sociales para combatir la desinformación y el mal uso de la inteligencia artificial (IA). Además, en eventos como el Foro del Parlamento del Mercosur y el XVII Encuentro de Autoridades Electorales, se discutieron temas como la moderación de contenidos, la regulación del discurso de odio y la integración de la IA en las elecciones. Sin embargo, persiste la preocupación sobre cómo regular contenidos no prohibidos, como la desinformación electoral, especialmente en lo que respecta a la transparencia algorítmica, el papel de las empresas tecnológicas y el impacto de la IA sobre la libertad de expresión.
A nivel regional, la regulación de la desinformación sigue siendo un desafío. Algunos países, como Nicaragua, han aprobado leyes contra las «noticias falsas» y la desinformación, pero su aplicación ha sido polémica, ya que se utilizan para perseguir a opositores políticos y disidentes, lo que genera preocupaciones sobre la violación de los derechos humanos y la libertad de expresión.
La contribución al informe de la relatoría especial sobre la promoción y protección de la libertad de opinión y de expresión de la ONU supone un paso significativo para asegurar que los Estados mantengan el cumplimiento de los estándares internacionales en contextos electorales y con particular énfasis al entorno en línea. Así también, este informe implica un avance en las discusiones sobre el papel, las responsabilidades y las respuestas de los agentes estatales y no estatales en temas de IA.
Para leer nuestras contribuciones podés hacer clic aquí.
La presente publicación ha sido financiada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de TEDIC y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.
1Los deepfakes son videos, imágenes o audios generados por inteligencia artificial que imitan la apariencia y voz de una persona con tal precisión que pueden engañar tanto a las personas como a los algoritmos.
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