Las organizaciones que firman este documento forman parte del consorcio “Al Sur”, un grupo organizado de la sociedad civil en América Latina que busca fortalecer los derechos humanos en el entorno digital. Tras la reciente aprobación de la Directiva de la Unión Europea sobre el derecho de autor en el mercado único digital[1], después de años de debate y negociaciones, expresamos nuestra preocupación por la forma en que esta directiva, y su futura implementación en los países de la UE, afectarán los derechos humanos y la innovación en internet no solo en Europa sino también en América Latina y el Caribe.
La Directiva[2] quiere limitar la forma en que se comparte el material con derechos de autor en línea, especialmente en las plataformas de redes sociales. Como dijo Wired: “La Directiva sobre derechos de autor haría que las plataformas en línea y los sitios de agregadores sean responsables de la infracción de derechos de autor, y supuestamente dirigirá más ingresos de los gigantes de la tecnología hacia artistas y periodistas”.[3]
Dos artículos han sido especialmente controvertidos. Por un lado, el Artículo 15 dirige a los agregadores de noticias, como Google News, a pagar a los editores por el uso de fragmentos de sus artículos en sus plataformas. El principal problema con este artículo, según Carolina Botero, de la Fundación Karisma (Colombia), es que “el pago no es solo para noticias o sitios, sino que todo el que use material periodístico deberá pagar”.[4] Por otro lado, el Artículo 17 hace que las plataformas en línea sean responsables de la infracción de derechos de autor en sus sistemas, incluido el contenido de terceros, a menos que tomen medidas para filtrar o eliminar de manera proactiva el material infractor. Como señaló Mariana Valente de InternetLab (Brasil), “el artículo 13 no solo se aplica a la música y al material audiovisual, que tradicionalmente han sido industrias más organizadas en torno a catálogos, sino también a imágenes, textos y cualquier otra propiedad protegida por derechos de autor, que lo hace todo más complejo”.[5]
Aún no está claro cómo las compañías de Internet implementarán esta nueva Directiva. Sin embargo, al diseñar los medios para hacerlo, las grandes plataformas que dependen del contenido generado por el usuario (UGC por sus siglas en inglés) como Facebook, Google, Twitter, Youtube y otros servicios similares, probablemente terminarán modificando sus sistemas algorítmicos para implementar filtros de carga -filtrado de contenido antes de que se publique-.[6] Incluso si las plataformas más pequeñas no tienen la obligación estricta de filtrar, durante un corto período de tiempo, podrían estar más incentivadas a hacerlo, ya que puede ser la única alternativa para evitar la responsabilidad. Esto podría tener una serie de efectos preocupantes incluso en nuestro continente:
- Los usuarios latinoamericanos verán recortada su libertad de expresión.
Como dijo el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, David Kaye, en relación con una versión anterior pero muy estrecha del artículo 17, a pesar de que se moderniza la legislación de derechos de autor para adaptarla a los desafíos digitales actuales y futuros, “el artículo 13 de La Directiva propuesta parece estar destinada a impulsar las plataformas de internet hacia el monitoreo y la restricción del contenido generado por el usuario, incluso en el punto de carga. Esta gran presión para el filtrado previo a la publicación no es una respuesta necesaria ni proporcionada a la infracción de derechos de autor en línea”.[7]
Estamos profundamente preocupados por el impacto que esta directiva de la UE podría terminar teniendo en la libertad de expresión de los usuarios latinoamericanos. Si bien el sistema latinoamericano de derechos humanos prohíbe la censura previa, ya que en Internet “el código es la ley”, las decisiones tomadas en Europa significarán que los servicios globales comenzarán a diseñarse según los marcos legales dominantes. Los filtros se aplicarán en todas las jurisdicciones como una forma preventiva de evitar la responsabilidad.
Por lo tanto, la censura previa se convertirá en la regla que cambia nuestro marco legal sin que nosotros participemos en él.
- Filtros automáticos y su falta de responsabilidad ante los usuarios locales.
Los filtros automatizados han sido criticados por dos razones importantes: su falta de transparencia en la forma en que trabajan y adoptan las decisiones; y los numerosos “falsos positivos” incluidos en sus resultados (especialmente cuando los algoritmos deben navegar por las complejidades de las leyes locales que tienen excepciones de derechos de autor y otros usos legítimos, lo cual es difícil incluso para los especialistas).
Además, todavía no se sabe qué tipo de mecanismos de apelación serán habilitados por las plataformas, lo que no es un gran alivio si consideramos los problemas del sistema actual, y cómo responderán a los usuarios afectados en América Latina y el Caribe. Además, estos mecanismos no tienen controles de supervisión.
- Los filtros automáticos facilitan los riesgos de vigilancia y aumentan la homogeneidad económica.
Julia Reda, miembro del Parlamento Europeo, ha advertido que la Directiva requerirá “la instalación de lo que equivale a tecnología de vigilancia”.[8] Los filtros de carga son, por naturaleza, una forma proactiva, un examen previo a cada acto de expresión en una plataforma determinada, que se puede recopilar, procesar y vincular a ciertos usuarios para crear perfiles.
Como señala la eurodiputada Julia Reda, debido a los altos costos de desarrollo, es probable que los filtros de carga para la supervisión del contenido terminen siendo subcontratados a los pocos grandes proveedores con sede en Estados Unidos que tienen la capacidad para hacerlo. Como resultado, su posición en el mercado se fortalecerá y podrán centralizar la información sobre el comportamiento de todos los usuarios de plataformas de Internet de la UE.
América Latina tiene una historia específica y preocupante con respecto al uso de tecnología para la vigilancia, y no cuenta con suficientes garantías legales para prevenir el abuso.
- Restricciones a la competencia e innovación.
Los artículos 15 y 17 están teóricamente para equilibrar las ganancias de las grandes plataformas que dependen de UCG a costa de los autores y los derechos de autor de los medios. Sin embargo, afectarán a todo el ecosistema de Internet.[9] Las grandes empresas tendrán los recursos para implementar estos mecanismos (a expensas de la libertad de expresión de los usuarios), pero probablemente otros servicios pequeños o nuevos verán un aumento de sus costos que podría afectar directamente a sus servicios. supervivencia económica. En otras palabras, para castigar a los jugadores grandes y dominantes, esta medida terminará fortificándolos y lastimando a los actores nuevos y pequeños.
Esta preocupación llevó al Parlamento de la UE a incluir una excepción.[10] El texto aprobado del Artículo 17 se aplica a todas las plataformas con fines de lucro, excepto aquellos servicios que se ajustan a los tres criterios extremadamente estrechos siguientes: (a) Disponible al público por menos de 3 años, (b) Volumen de negocios anual por debajo de €10 millones, (c) Menos de 5 millones de visitantes mensuales únicos.
Según la eurodiputada Julia Reda,[11] esta medida no será suficiente porque es demasiado estrecha, y también porque “todas las plataformas, sin importar cuán nuevas o pequeñas, aún deben demostrar que han realizado ‘los mejores esfuerzos’ para obtener licencias de los titulares de derechos como etiquetas de registro, editores de libros y bases de datos de fotos para cualquier cosa que sus usuarios puedan publicar o cargar, una tarea imposible”.
Esto debería ser motivo de preocupación para las autoridades locales en América Latina, que durante la última década han estado implementando políticas públicas y fondos para promover a los innovadores locales en la actual economía de Internet. Las nuevas barreras de entrada en forma de filtros obligatorios o costosos esquemas de licencias sólo pueden fortalecer a los jugadores tradicionales.
- Impacto en la diversidad de información y pluralismo de medios.
Como se puede concluir a partir de los puntos anteriores, a la larga, esta Directiva pondría en peligro el futuro de la diversidad de la información y el pluralismo de los medios no solo en Europa,[12] sino también en América Latina y el Caribe, ya que solo unos pocos actores –que ya están bien– financiado, consolidado o dominante, podrá pagar los costos impuestos por estas condiciones.
En el contexto actual de desinformación en internet y con un ecosistema de medios ya afectado en nuestro continente, América Latina y el Caribe deben ser muy conscientes del impacto que estas medidas probablemente tendrán en nuestras democracias. Es fundamental que los legisladores locales entiendan que, incluso de buena fe, la UE ha propuesto un modelo legal que prioriza los derechos de autor sobre los derechos humanos, incluida la libertad de expresión. Además, esta legislación podría tener un impacto en la diversidad de información disponible, diversidad, pluralismo de medios e innovación en servicios y negocios.
- Un modelo incorrecto para la legislación local, con solo unas cuantas reglas nuevas
Los debates y la indignación pública en la UE se centraron en los artículos 15 y 17 de la Directiva (anteriormente artículos 11 y 13 en los borradores), pero la sociedad civil europea trabajó durante los últimos cinco años para resaltar el interés público en temas como el logro de derechos mínimos para actividades educativas digitales en toda Europa y mejora del marco legal para las instituciones de patrimonio cultural. Estas cuestiones llegaron a la Directiva.
En representación de las instituciones de patrimonio cultural, el representante de Communia, Paul Keller, fue más positivo con el resultado final en esta área. Para Keller, la Directiva incluye algunas “mejoras significativas para las instituciones de patrimonio cultural que facilitarán la digitalización (masiva) de las obras fuera del comercio, permitirán a las instituciones realizar trabajos de extracción de texto y datos en sus colecciones y garantizarán que las copias digitales de las obras de dominio público permanecerán en el dominio público”.[13] Otros están menos entusiasmados con el lenguaje finalmente adoptado y consideran que el texto final de la Directiva no refleja adecuadamente la discusión que los activistas de la educación llegaron al Parlamento de la UE. Teresa Nobre denuncia que, debido a la presión de “temas más importantes”, los acuerdos alcanzados durante 2018 en el Parlamento “fueron destruidos durante los debates del trílogo, que se llevaron a cabo a puerta cerrada” y el texto final no satisfizo las expectativas de la sociedad civil.[14]
El escenario de interés público de América Latina con respecto a los derechos de autor es más débil que el de Europa: no hay foros regionales que puedan ayudarnos a mitigar los terribles efectos de la legislación de derechos de autor existente sobre el acceso al conocimiento y la cultura.
- La Directiva es un mal ejemplo de la relación Estado – Participación ciudadana en los procesos legislativos.
El proceso legislativo para esta Directiva en Europa tomó cinco años. Hubo una participación constante y permanente de la sociedad civil que hacia el final se volvió particularmente activa en oposición a los Artículos 15 y 17. Más de cinco millones de personas firmaron la carta en contra de estos artículos y decenas de miles se reunieron en lugares como Alemania, Polonia o Portugal.[15] Los agentes restaron importancia a la movilización ciudadana llamándolos bots y trolls e insistiendo en que la indignación fue impulsada por la presión de la industria que minó las preocupaciones de los ciudadanos reales.
Si la directiva europea se convierte en un ejemplo a seguir en nuestra región, como ya lo han sugerido algunos[16], ¿cómo podemos fortalecer el espacio público para promover un debate abierto que no socave ni restrinja la participación ciudadana?
América Latina no debe ser ciega al ejemplo. Alentamos a las autoridades locales, la academia, el sector privado, los autores y creadores y la sociedad civil a:
- Adopte un punto de vista crítico sobre esta Directiva y escuche y comprenda las múltiples voces en el mundo que han planteado argumentos críticos en torno a esta legislación.
- Fomentar la investigación sobre los efectos que dicha Directiva podría tener en nuestros países e ilustrar el proceso de formulación de políticas para que no sigamos los precedentes literales del exterior, entendiendo que las normas extranjeras a veces pueden tener efectos diferenciados en otras regiones.
- Fomentar las discusiones sobre derechos de autor, acceso al conocimiento y cómo equilibrar la creatividad, los derechos de autor y la libertad de expresión en el entorno en línea.
- La inclusión de temas de interés público en la Directiva podría ser una buena práctica a considerar en nuestros debates regionales.
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Este documento[17] fue firmado el 17 de abril de 2019 por las siguientes organizaciones:
- Laboratorio de Internet, Brasil (internetlab.org.br)
- Fundación Karisma, Colombia (karisma.org.co)
- TEDIC, Paraguay (tedic.org)
- Asociación por los Derechos Civiles, ADC, Argentina (adc.org.ar)
- Hiperderecho, Perú (hiperderecho.org)
- Centro de Estudios en Libertad de Expresión, CELE, Argentina (palermo.edu/cele)
- IPANDETEC, Centroamérica (ipandetec.org)
- Derechos Digitales, América Latina (derechosdigitales.org)
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[1] Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo.
Parlamento y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital (COM (2016) 0593 – C8-0383 / 2016 –2016/0280 (COD) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0231+0+DOC+XML+V0//ES
[2] Las directivas de la UE son una forma de legislación que establece objetivos que deben alcanzar los Estados miembros. La aprobación de este nuevo. La Directiva activará su implementación por cada uno de los países dentro de la Unión.
[3] ¿Qué es el artículo 13? El nuevo plan de derechos de autor de la UE explicado. Cableado 15 de abril
[4] En Europa se mueve el activismo para salvar internet #SaveYourInternet. Karisma. 15 de febrero de 2019
[5] A Diretiva sobre Direitos de Autor de União Europeia pode acabar com a internet? InternetLab. 26 de marzo de 2019
[6] El comisionado de la UE, Gunther Oettinger, admite que los sitios necesitan filtros para cumplir con el artículo 13. Techdirt. 3 de abril de 2019 https://www.techdirt.com/articles/20190329/15501341902/eu-commissioner-gunther-oettinger-admits-sites-need-filters-to-comply-with-article-13.shtml
[7] La UE debe alinear la reforma de los derechos de autor con las normas internacionales de derechos humanos, dice un experto. OHCHR. 11 de marzo de 2019 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24298
[8] Artículo 13 en relación con los considerandos 38 y 39 de la reforma / expansión de los derechos de autor de la UE propuesta. Julia Reda. Upload filters
[10] Continuar las batallas de derecho de autor en Europa. El espectador. 23 de marzo de 2019 https://www.elespectador.com/opinion/continuan-las-batallas-de-derecho-de-autor-en-europa-columna-846551
[11] El artículo 13 está de vuelta, y empeoró, no mejoró. Julia Reda. 5 de febrero de 2019 Article 13 is back on – and it got worse, not better
[13] El Parlamento Europeo adopta la directiva de derechos de autor: un impulso para las instituciones de patrimonio cultural de Europa. Europeana Pro. 26 de marzo de 2019 https://pro.europeana.eu/post/copyright-reform-passed-by-european-parliament
[14] La excepción de educación fue destruida durante los Trilogues. Comunia 27 de febrero de 2019 https: //www.communia-association.org/2019/02/27/education-exception-gutted-trilogues/
[15] Proyecto de ley de derechos de autor de la UE: las protestas en toda Europa destacan las divisiones sobre los planes de reforma. DW. 23 de marzo de 2019
[16] Derechos de autor en la era digital. SIPIAPA. 31 de marzo de 2019 https://www.sipiapa.org/notas/1213115-derechos-autor-la-era-digital
[17] Documento coordinado por Paz Peña para “Al Sur”
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