¿Privilegios para unos pocos, desigualdad para muchos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de extractivismo energético? ¿Tendrá que importar energía Paraguay? ¿Cómo pensamos el desarrollo del país de cara a la revisión del Anexo C de Itaipú?
Desde TEDIC, lanzamos una serie de investigaciones sobre el desarrollo de la tecnología Blockchain y la llegada de las criptomonedas a Paraguay, con especial énfasis en la actividad de la criptominería. Recientemente hemos publicado una investigación sobre la historia de la llegada de las criptomonedas y de la actividad criptominera a nuestro país. En esta ocasión, presentamos el lanzamiento de una nueva investigación cuyo principal tema es el análisis de la actividad criptominera desde una perspectiva energética y de desarrollo para nuestro país.
La investigación «Energía y Criptomonedas en Paraguay: Uso de la energía electro intensiva de minería de criptomonedas en los escenarios de la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú en Paraguay», desarrollada por los investigadores Lis García y Guillermo Achucarro, realiza una sistematización del uso de la energía electro intensiva de minería de criptomonedas en el escenario económico, jurídico y político en el marco de la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú en Paraguay entre los años 2019 y 2022.
El año 2023 será fecha clave ya que se cumplen 50 años de la firma del Tratado de Itaipú, y con ello se abre un aspecto jurídico importante: la revisión de su Anexo C y con ella, la posibilidad de revisión de las condiciones financieras y comerciales de la venta de la energía generada por la entidad. ¿Qué rol juegan los inversores en tecnología blockchain y las personas que realizan actividades de criptominería en este escenario?
Por lo tanto, a las dimensiones jurídica, diplomática y económica claves abiertas en el año 2023, se suman elementos sociales y políticos donde la producción energética en Itaipú, se ubica en el centro de las diputas políticas respecto al modelo de desarrollo que configurará el presente y el futuro del país. En el presente estudio exploratorio la energía es comprendida como medio de producción y, como tal, mercancía.
En este escenario, las empresas dedicadas a la minería de criptomonedas, actividad que requiere un alto consumo energético, han ubicado a Paraguay como un territorio clave en el mapa de desarrollo de esta actividad económica. Por lo tanto, el interés de regular esta actividad por parte de las empresas dedicadas a la minería de criptomonedas en el país, se sitúa en una coyuntura en la que se entrelazan escenarios jurídicos, económicos, financieros, sociales, políticos, diplomáticos, en torno a la definición de la política energética y, con ella, la economía política nacional. En la misma se desarrollan disputas entre las posiciones de los distintos sectores sociales.
Debido a la relativa reciente aparición en el escenario público de esta actividad, existen escasos trabajos académicos nacionales sobre la temática. Por lo tanto, el presente estudio se ha desarrollado con una finalidad exploratoria, en base a la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el uso dado a la energía electrointensiva de minería de criptomonedas considerando el escenario económico, jurídico y político en el marco de la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú en Paraguay entre los años 2019 y 2022?
¡Sigamos debatiendo sobre el tema para lograr una regulación integral de la actividad criptominera!
El debate en torno a la aprobación de la regulación de la actividad minera de criptomonedas en el Congreso Nacional y la emergencia del alto nivel de uso ilegal e informal de la energía para este fin, visibiliza que esta actividad replica el mismo esquema de uso de la energía para el lucro y aprovechamiento de unos pocos. La instalación de estas empresas no implica cambios significativos ni en la matriz energética ni económica actual, sino una profundización del mismo proyecto económico que viene manteniendo al país en el atraso y generando grandes desigualdades.
¡Descargá la investigación AQUÍ!
Esta publicación se realizó con el apoyo del FRR de Derechos Digitales en América Latina.
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