Año 2024 marcado por la Ley AntiONG en Paraguay: Grandes retrocesos y preocupaciones para la democracia.

La Ley N.º 7363/24 de transparencia de organizaciones sin fines de lucro¹ ha generado una profunda preocupación en la sociedad civil y en diversos actores internacionales debido a sus implicaciones sobre los derechos fundamentales de las organizaciones y las personas en el país. Esta ley introduce un marco legal con un lenguaje amplio y ambiguo que podría dar lugar a un control excesivo sobre nuestras organizaciones de la sociedad civil (OSC), lo que, en la práctica, amenaza la independencia, libertad de operar y a nuestra democracia.

La ley promulgada este noviembre de 2024² ha sido vista por muchos como un intento de control excesivo sobre las organizaciones de la sociedad civil, similar a lo que ha ocurrido en países como Nicaragua³, Venezuela⁴ y Rusia⁵.

Las implicaciones de la ley para las ONG

En Paraguay, todas las organizaciones de la sociedad civil, también conocidas como «ONG», están obligadas a inscribirse en un registro nacional y a mantener registros detallados sobre el uso de los fondos que reciban o gestionen, ya sean nacionales, públicos o privados, internacionales privados, o fondos públicos provenientes de otros Estados. Además, deben presentar informes periódicos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las organizaciones no registradas quedarían excluidas de recibir fondos públicos o firmar acuerdos con entidades públicas, y podrían enfrentarse a sanciones severas, incluidas descalificaciones para su personal.

Cabe destacar que existe más de 13 tipos de registros obligatorios⁶ a las ONG y este se suma con importantes sanciones y requisitos excesivos. Aunque el texto de la ley afirma que se respetará la autonomía de las ONG y que las obligaciones de control, registro y rendición de cuentas no afectarán su funcionamiento, los requisitos impuestos son excesivos. Esta carga administrativa podría ser utilizada de manera arbitraria, limitando la capacidad de las organizaciones para trabajar libremente y vulnerando sus derechos fundamentales, como la libertad de asociación, expresión y participación.

El proceso legislativo y la falta de consulta pública

El Senado paraguayo aprobó el proyecto de ley el 8 de julio⁷, sin haber facilitado un proceso de consulta pública adecuado para involucrar a las ONG y a la ciudadanía en general en las discusiones previas. Esto provocó una reacción inmediata de las organizaciones, que señalaron que el proyecto de ley contradecía los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente en lo que respecta a los derechos fundamentales de asociación y expresión. Las OSC también advirtieron que el texto aprobado era vago e impreciso, lo que podría dar lugar a interpretaciones restrictivas y arbitrariedades en su implementación.

A pesar de las modificaciones menores realizadas por la Cámara de Diputados el 1 de octubre y su posterior aprobación en el Senado el 9 de octubre⁸, las preocupaciones persisten. La ley fue promulgada por el presidente Santiago Peña el 15 de noviembre de 2024⁹ y sigue siendo ambigua, imponiendo obligaciones excesivas de registro e informes que podrían poner en riesgo la capacidad de las ONG para operar con independencia. Si bien la ley aún no ha sido reglamentada, la misma se constituye en una amenaza fundamental para el trabajo de las organizaciones en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Luego de la aprobación de la ley por parte del Ejecutivo, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre antilavado y delitos conexos, más conocida como la Comisión “Garrote”, amplió a 60 días el mandato para perseguir a las ONG críticas al gobierno¹⁰.

Reacciones internacionales y preocupaciones sobre el impacto

Numerosos actores internacionales han expresado su alarma ante la legislación propuesta. Entre ellos:

Gina Romero, Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, advirtió que las altas sanciones de la ley violan los estándares internacionales, mientras que un portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró¹¹ que “lamentamos la reciente y acelerada aprobación por parte del Senado de Paraguay de un proyecto de ley que impone restricciones sustanciales a la financiación de las organizaciones sin fines de lucro, así como requisitos adicionales de registro y sanciones desproporcionadas por incumplimiento”¹².
El Relator Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca advirtió que la ley podría restringir las operaciones de las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay e instó al poder ejecutivo a considerar los estándares interamericanos de derechos humanos al decidir sobre su aprobación o veto¹³.
CIVICUS Monitor declaró¹⁴ que las disposiciones del proyecto de ley entran en conflicto con las obligaciones internacionales de derechos humanos, particularmente con respecto a las libertades de asociación y expresión y el derecho a la participación pública. El lenguaje amplio y vago de la ley crea una gran ambigüedad, permitiendo interpretaciones restrictivas que podrían comprometer estas libertades fundamentales.
Amnistía Internacional destacó¹⁵ que el proyecto de ley impone amplias obligaciones de registro y cumplimiento a todas las organizaciones de la sociedad civil, lo que podría comprometer su independencia, privacidad y seguridad. Las sanciones vagas por incumplimiento podrían socavar la legalidad y amenazar las libertades de asociación y expresión, poniendo en peligro los derechos que busca regular.

La Asociación de Abogados de Nueva York advirtió¹⁶ que la ley amenazaría los derechos fundamentales de las organizaciones y los individuos en Paraguay, incluidos los defensores de los derechos humanos.
El Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), indicó con preocupación que en varios países están avanzando en regulaciones que podrían limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), afectando su libertad de asociación, autonomía y capacidad para recibir financiamiento. Estas iniciativas podrían generar burocracia excesiva, aumentar los gastos administrativos y dificultar el acceso a fondos, lo que pondría en riesgo su funcionamiento y su capacidad para actuar en beneficio de la comunidad. Además, las OSC enfrentarían una amenaza real de cierre. Esto no solo afecta a las organizaciones, sino que también debilita la capacidad del Estado para responder de manera efectiva y transparente a las necesidades de la ciudadanía¹⁷.

El ambiente hostil hacia TEDIC y otras OSC

Como se observó en nuestro artículo anterior del mes de julio¹⁸, nuestra organización TEDIC ha enfrentado un entorno cada vez más hostil.

Ha sido blanco de ataques difamatorios, durante una sesión del Congreso, una senadora lanzó acusaciones falsas contra la organización, sugiriendo que su financiamiento estaba vinculado a campañas proselitistas. Estos ataques no se limitaron al ámbito legislativo, sino que también se extendieron a los medios de comunicación, donde se publicó información errónea sobre el financiamiento de TEDIC, buscando desacreditar nuestro trabajo.

Así también, el Ministro del Tribunal Superior Electoral, también se mostró preocupado por la supuesta falta de transparencia de las ONG y acusó a TEDIC, indicando que sería importante que se sometiera al nuevos controlesporque supuestamente se tiene un acuerdo con el TSJE¹⁹, siendo que esta afirmación es falsa.

La situación actual subraya la urgente necesidad de proteger el espacio cívico en Paraguay y garantizar que las organizaciones puedan continuar trabajando sin temor a represalias o restricciones arbitrarias. La ley propuesta, en su forma actual, representa una amenaza para los derechos de las ONG y para la libertad de expresión en el país.

Es imperativo que se respete el derecho de las organizaciones a operar de manera libre e independiente, sin la imposición de controles desmesurados que puedan ser utilizados para amordazar la sociedad civil. El presidente de Paraguay, al promulgar la ley, solicitó que se inicie un proceso de reglamentación participativa con la colaboración del MEF y el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP)²⁰. Sin embargo, como se observa en todos análisis nacionales e internacionales de expertos y expertas, esta ley es inconstitucional.

Desde Paraguay, se solicita a la comunidad internacional a que siga atenta, custodiando y apoyando a las ONG de Paraguay en su lucha por defender los derechos fundamentales y por preservar un espacio cívico libre y abierto.

1 https://silpy.congreso.gov.py/web/descarga/resolucion-461801?preview

2 https://www.abc.com.py/politica/2024/11/15/santiago-pena-promulgo-la-polemica-ley-anti-ong/

3 https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/08/13/persecucion-en-nicaragua-el-regimen-de-daniel-ortega-cerro-una-sucursal-de-caritas-y-otras-14-ong/

4 https://www.amnistia.org/es/noticias/2024/11/venezuela-paren-de-perseguir-a-ong/

5 https://www.hrw.org/es/news/2024/09/03/actualizacion-sobre-la-situacion-de-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-la

6 https://www.tedic.org/ley_ongs_py/

7 https://silpy.congreso.gov.py/web/expediente/130058

8 https://silpy.congreso.gov.py/web/expediente/130058

9 https://www.ultimahora.com/pena-promulga-ley-garrote-contra-las-ong tw

10 https://www.abc.com.py/politica/2024/11/13/ampliaran-vigencia-de-comision-garrote-para-seguir-ataque-a-sociedad-civil-y-abc/

11 https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2024/07/comment-un-human-rights-office-spokesperson-marta-hurtado-paraguay

12 https://x.com/Ginitastar/status/1846672186763104271