Una senadora nos acusó irresponsable y falsamente en la sesión extraordinaria del Congreso paraguayo

Contexto del proyecto de Ley

El Senado paraguayo, en una sesión extraordinaria, ha otorgado media sanción a la propuesta legislativa “Que establece el Control, la Transparencia y la Rendición de Cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro” (Expediente PS-2300683), presentada en noviembre de 2023. Este proyecto de ley busca implementar un control más estricto sobre las organizaciones de la sociedad civil, un enfoque que ha generado una gran controversia y riesgos contra los preceptos constitucionales de Paraguay.

Desde TEDIC, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos digitales y la libertad de expresión en Paraguay y el mundo, expresamos nuestra profunda preocupación respecto a la aprobación de este proyecto de ley. Consideramos que esta legislación viola nuestro derecho a la libertad de asociación y pone en riesgo a todas las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, especialmente en cuanto a su autonomía y la obtención de los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades de defensa y promoción de los derechos humanos.

Además estamos sumamente dolidos y preocupados por las acusaciones irresponsables lanzadas por la senadora Lizzarella Valiente contra nuestro colaborador Leonardo Gómez Berniga y nuestra organización. La senadora ha tergiversado y desinformado sobre nuestra trayectoria y el trabajo que hemos realizado en los últimos 10 años a nivel nacional y global. En su intervención, la senadora sacó de contexto nuestras actividades y nuestro financiamiento en temas de derechos digitales, privacidad y protección de datos a nivel regional, afirmando falsamente con la siguientes palabras textuales: “usarán para campañas proselitistas”¹.

En TEDIC, desde 2015, hemos considerado que la transparencia es fundamental para nuestra democracia. Desde la sanción de la ley de acceso a la información pública en Paraguay, nos hemos comprometido a sumarnos a esta gran ola desde el sector de la sociedad civil organizada , haciendo públicos nuestros informes de auditoría externa como una forma de transparencia activa. Esta ley, aunque solo obliga al sector público, ha sido adoptada por nuestra organización como una muestra de nuestro compromiso con la transparencia.

Puntos más preocupantes de la propuesta legislativa

Uno de los puntos que más nos preocupa de la propuesta legislativa es la obligación de las organizaciones a informar al Ministerio de Economía y Finanzas y a ambas cámaras del Congreso sobre el uso y destino de sus fondos en forma detallada, cualquiera sea el origen (público o privado, nacional o extranjero), y sobre las personas que tienen contratadas bajo cualquier modalidad. Esto atenta contra el derecho a la protección del patrimonio documental (Art. 36) y el derecho a la intimidad (Art. 33) .

La falta de especificidad en cuanto a qué información debe ser registrada y reportada genera incertidumbre y puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades. Las OSFL podrían verse obligadas a revelar información detallada sobre sus personas beneficiarias, lo que plantea serias preocupaciones de privacidad y seguridad, especialmente para aquellas que trabajan en áreas sensibles como los derechos humanos. Por ejemplo, pueden incluir desde lo que se dice en redes sociales hasta la identificación de las personas con las que se interactúa en reuniones privadas.

Los requisitos de informes semestrales imponen una carga administrativa significativa, especialmente para las OSFL pequeñas que pueden no tener los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones. Esta carga puede desviar recursos valiosos que deberían destinarse a la misión principal de las organizaciones. La imposición de requisitos excesivos de información puede obstaculizar el acceso al financiamiento, tanto nacional como internacional, afectando negativamente la capacidad operativa de las OSFL. Esta situación es particularmente preocupante en un contexto donde muchas organizaciones dependen de financiamiento externo para llevar a cabo sus actividades.

Cumplimiento de requisitos adicionales

Las organizaciones deberán cumplir con cualquier otro requisito que se establezca por vía reglamentaria, bajo riesgo de ser sancionadas con la suspensión o cese de actividades y multas de hasta 380,000 dólares a la organización y 190,000 dólares a las personas que la dirigen, violando el principio de legalidad (Art. 9) y la prohibición de multas desmedidas (Art. 44). Las multas establecidas en el proyecto de ley varían desde cien hasta mil salarios mínimos para personas jurídicas, y desde veinte hasta quinientos salarios mínimos para individuos. Estas sanciones no solo son excesivas sino también desproporcionadas, lo que puede llevar a la disolución de organizaciones que no puedan pagar estas multas.

El proyecto de ley no define claramente qué constituye una infracción, lo que otorga a los funcionarios un amplio margen de discrecionalidad para interpretar la ley y aplicar sanciones arbitrarias. Esto aumenta el riesgo de persecución política y represalias contra organizaciones que trabajan en áreas consideradas sensibles por el gobierno. Además, no se incluyen disposiciones que permitan a las OSFL corregir errores antes de enfrentar sanciones, lo cual es contrario a los estándares internacionales que señalan la necesidad de dar a las organizaciones la oportunidad de corregir potenciales violaciones.

Requisitos administrativos vagos y onerosos

La obligación de registrarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas también presenta varios problemas. El proyecto de ley no especifica los requisitos ni procedimientos para el registro, lo que puede dar lugar a retrasos y restricciones arbitrarias. Esto crea incertidumbre tanto para las OSFL como para los funcionarios encargados de la implementación de la ley. Las OSFL ya deben registrarse ante múltiples agencias gubernamentales. Establecer un nuevo registro en el Ministerio de Economía y Finanzas sin un propósito claro sobre su utilidad adicional impone una carga innecesaria y redundante. Los requisitos de registro y presentación de informes pueden ser particularmente difíciles de cumplir para las pequeñas organizaciones, que podrían no tener los recursos administrativos y financieros necesarios para adaptarse a las nuevas demandas.

Recomendaciones

Para abordar las preocupaciones planteadas y asegurar que el proyecto de Ley respete los derechos de asociación y operación de las OSFL, nuestra organización TEDIC recomienda las siguientes modificaciones:

1. Claridad en los requisitos de informes: Especificar con precisión qué información debe ser registrada y reportada, asegurando que los requisitos sean proporcionados y no impongan cargas indebidas a las organizaciones.

2. Limitación de la autoridad de supervisión: Restringir la autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas a la supervisión del uso de fondos públicos, garantizando la transparencia sin invadir la privacidad y autonomía de las organizaciones que manejan fondos privados.

3. Proporcionalidad en las sanciones: Reducir las multas y otras sanciones para que sean proporcionales y razonables. Incluir mecanismos que permitan a las organizaciones corregir errores antes de ser sancionadas.

4. Protección de la información confidencial: Incluir disposiciones que aseguren la privacidad de la información confidencial de las OSFL, especialmente para aquellas que trabajan con poblaciones vulnerables o en áreas sensibles.

5. Aprobar la ley de protección de datos personales: Es necesario que el Congreso reviva el debate sobre la ley integral de protección de datos personales, a modo de garantizar de manera efectiva la protección de la información que será requerida a las OSFL sobre sus operaciones y personas beneficiarias.

6. Simplificación de los procedimientos de registro: Establecer procedimientos claros, simples y no discrecionales para el registro de las OSFL, evitando requisitos redundantes y cargas administrativas innecesarias.

Conclusión

Señores miembros del congreso, apelamos a su sentido común: Pospongan la votación de diputados sobre este proyecto de ley y abran una instancia de trabajo con las asociaciones, fundaciones y gremios. Estamos seguros de que podrá consensuarse un texto que contribuya al fortalecimiento de la democracia sin poner en riesgo los derechos fundamentales de las organizaciones y personas que buscan incidir positivamente en las políticas públicas de Paraguay. TEDIC está dispuesto a colaborar en este proceso y a aportar su experiencia y conocimiento para desarrollar una legislación equilibrada y respetuosa de los derechos humanos.

Instamos al Congreso Nacional a abstenerse de hacer acusaciones irresponsables y sin fundamento, que no solo perjudican la reputación de las personas y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, sino que también desvían la atención de los verdaderos desafíos que enfrenta nuestra sociedad. En lugar de ello, les solicitamos que se enfoquen en fomentar un diálogo constructivo y colaborativo con las personas. Solo a través del trabajo conjunto y el respeto mutuo podemos desarrollar una legislación que realmente contribuya al fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales en Paraguay. TEDIC está dispuesto a colaborar en este proceso y a aportar su experiencia y conocimiento para lograr una ley equilibrada y justa.

1Dando a entender que los recursos de cooperación internacional recibidos por TEDIC serían utilizados para tales fines