Los desafíos de la digitalización para la democracia en los países periféricos

Este artículo fue originalmente publicado en inglés en la web de IT For Change.

Los dos últimos años se han caracterizado por un importante número de elecciones en algunos de los países más grandes y poblados del mundo: México, Nigeria, Estados Unidos, Rusia y países ostensiblemente más pequeños como Paraguay.

Con esta cantidad de elecciones, a nivel local y nacional, y en un periodo tan reducido, existen numerosos ejemplos de la relevancia de las tecnologías digitales, principalmente las redes sociales, en la forma en que las personas candidatas, los partidos políticos y la ciudadanía viven y disputan las elecciones. Así, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, los responsables políticos y las organizaciones internacionales llevan tiempo expresando su creciente preocupación por la integridad de las elecciones debido a fenómenos como la desinformación e incluso, la manipulación electoral por parte de actores extranjeros.

Estas preocupaciones alcanzaron un nuevo punto álgido a principios de diciembre pasado, cuando el Tribunal Supremo de Rumania anuló las elecciones presidenciales alegando problemas de seguridad nacional y la aparente intromisión rusa a través de la plataforma TikTok¹. Esta atención a la naturaleza sensible de las redes sociales también fue visible en la última reunión del G20 celebrada en Río de Janeiro, donde los líderes de los Estados miembros subrayaron en su declaración final la manera en que las plataformas digitales han remodelado el ecosistema digital y las interacciones en línea. Esto es, al amplificar la difusión de la información y facilitar las comunicaciones entre diferentes fronteras geográficas. Sin embargo, la declaración expresa también su preocupación por la magnitud de los daños en línea en sus diferentes manifestaciones y exige transparencia y responsabilidad de las plataformas para fomentar un ecosistema informativo más saludable.

Así, es evidente e incluso razonable que los responsables políticos a nivel nacional e internacional estén preocupados por mantener un espacio de confianza en los entornos en línea, tanto con fines electorales y más allá, incluyendo cuestiones como la salud pública y el creciente movimiento anti- vacuna. De esta manera, la integridad de la información ha surgido como una propuesta de las Naciones Unidas (ONU) para abordar el tema. Aunque no existe una definición universal del término, en su Policy Brief N°8 sobre la integridad de la información en plataformas digitales, la ONU propone que dicho término se refiera a la exactitud, coherencia y fiabilidad de la información. También reconoce que dicha integridad se ve amenazada por la falta de información, la desinformación y la incitación al odio. A partir de ahí, otras organizaciones y agencias de la ONU, como la OECD y UNDP, han adoptado el término y han facilitado procesos para aplicar políticas de integridad de la información en diferentes estados miembro.

Dicho esto, es muy importante adoptar una perspectiva crítica ante esfuerzos y terminologías globales estandarizadas que buscan abordar la desinformación y el discurso de odio en plataformas digitales que, muy a menudo, dependen ostensiblemente de soluciones tecnológicas. Si bien es innegable que estas situaciones problemáticas ocurren en plataformas digitales globales, las realidades contextuales e institucionales en las que se manifiestan influyen de gran manera. Como tales, estas realidades deben tenerse en cuenta a la hora de pensar en un enfoque equilibrado que aborde el problema y respete derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos, el acceso a la información y la libertad de expresión. Como sostiene la investigadora Nina Santos: “La integridad de la información no puede considerarse fuera del contexto político y social en el cual toma forma”.

La importancia del contexto en los países periféricos

A pesar de la falta de una definición universal sobre la integridad de la información, existe consenso en que múltiples partes interesadas tienen un papel que desempeñar para garantizar dicha integridad. Los Principios Globales de las Naciones Unidas para la Integridad de la Información establecen cinco principios para abordar el fenómeno y orientar la acción en pos de un ecosistema de información más saludable. El Policy Brief N°8 dirige sus principios a los estados miembro, las plataformas digitales y otras partes interesadas².

Sin embargo, si bien los desafíos para fomentar un entorno de integridad de la información son diversos, es particularmente importante señalar las desigualdades existentes en las interacciones de estos actores globales y locales en las distintas jurisdicciones y territorios. La falta de un enfoque matizado e incluso de reconocimiento de la cuestión podría hacer caer en supuestos genéricos sobre cómo se puede verdaderamente hacer cumplir la integridad de la información o incluso cómo se entiende la misma en diferentes países.

A modo de evitar lo anterior, vale la pena analizar las complejidades que surgieron en la intersección de elecciones y tecnologías digitales en un país pequeño como Paraguay. Esto se debe también a que, dentro de los países de la Global Majority³, también existen periferias sujetas a profundas desigualdades y deudas regionales históricas que impactan directamente en su capacidad de interactuar de manera efectiva con las plataformas digitales en comparación con otros países⁴. También es esencial ir más allá de las meras intervenciones tecnológicas que se centran en la transparencia algorítmica y otras intervenciones tecnológicas comúnmente asociadas con soluciones al discurso de odio o la desinformación dentro de las plataformas digitales. Si bien son importantes, carecen de eficiencia en realidades complejas de países dentro de la Global Majority con profundos problemas sociales que van mucho más allá de las interfaces digitales.

Falta de confianza en las autoridades electorales y obstrucción al control independiente de las acciones del Estado

Paraguay enfrenta actualmente un importante cierre del espacio democrático, con un efecto que limita la posibilidad de que la sociedad civil opere libremente en el país. Dicha capacidad se ve socavada de diferentes maneras. Una de ellas es la ciberseguridad de personas defensoras de derechos humanos. Tal ciberseguridad se ve comprometida no solo por los cibercriminales, sino también por la vigilancia estatal en forma de monitoreo de redes sociales de activistas y extracción de datos telefónicos, así como por un aumento en la implementación de tecnología de reconocimiento facial en el espacio público con fines de vigilancia masiva.

Además, la creciente digitalización de políticas públicas, sin la necesaria incorporación de evaluaciones de impacto en los derechos humanos como parte del proceso de diseño de políticas, ha socavado la capacidad de la sociedad civil para supervisar las acciones del Estado y de los partidos políticos. En concreto, el portal de transparencia que ofrece actualmente la autoridad electoral para monitorear el gasto de los candidatos políticos está bloqueado si se accede a él desde ciertos países debido a un cortafuegos en curso en la plataforma, sin que exista una explicación razonable para una medida que limita seriamente la capacidad de investigadores y personas en el extranjero para acceder a esta información.

Por otra parte, recientemente se han impuesto actualizaciones específicas en los portales de acceso a la información que vinculan la identidad electrónica de la ciudadanía con solicitudes de acceso a la información pública, lo que pone en gran peligro a personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que desean solicitar información pública de naturaleza sensible de forma anónima, ya que dicha información podría poner en peligro los intereses de funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción y otras actividades ilegales.

Por último, políticas electorales más amplias, como la implementación de máquinas de votación electrónica y la falta de posibilidad de auditar dichos sistemas por terceros independientes, terminaron en protestas significativas después del anuncio del ganador en las elecciones presidenciales del 2023, con protestas que sucedieron tanto en línea como fuera de ella, y crearon un desequilibrio sin precedentes para la estabilidad del proceso electoral.

Esta inestabilidad solo pudo terminar mediante la represión directa en las calles y sin verdaderas ni suficientes explicaciones por parte de la autoridad electoral a las demandas de la ciudadanía por una mayor transparencia del sistema electrónico de votación.

Falta de comunicación entre autoridades electorales y plataformas digitales

Si bien el país cuenta con un marco legal que reconoce el rol de la publicidad electoral a través de las redes sociales, en la práctica no se cuenta con los instrumentos necesarios para la rendición de cuentas. Esto limita la capacidad de la autoridad electoral para garantizar el cumplimiento del estado de derecho por parte de los actores políticos y dentro de las plataformas de redes sociales durante los períodos electorales. Esta realidad adquiere una dimensión diferente cuando se incorpora en el análisis el aumento de la influencia de los sectores del narcotráfico y el crimen organizado en la arena política paraguaya, con empresas de publicidad vinculadas a algunos de estos sectores que invierten en campañas políticas.

Tal situación se une a un escenario problemático en el que, por un lado, existen documentaciones periodísticas que evidencian importantes sumas de dinero gastadas a través de publicidad en redes sociales y por parte de cuentas que participan en campañas de desinformación dirigidas tanto a candidatos de la oposición como a organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, debido a una auténtica falta de capacidad de control por parte de la autoridad electoral, una total falta de respeto al periodo de prohibición de publicidad electoral, con candidatos difundiendo propaganda de contenido político incluso el mismo día de la votación, algo no permitido en la actual ley electoral. Esto se complica aún más porque existen importantes diferencias entre lo que las candidaturas políticas declaran como gasto en publicidad a la autoridad electoral y lo que la Meta Ads Library divulga públicamente. Tal diferencia es tal que investigaciones periodísticas que apuntan incluso al actual Presidente electo, con importantes diferencias en este tipo de declaraciones.

Cabe señalar que, desde las últimas elecciones presidenciales, la autoridad electoral y Meta han mantenido conversaciones para un posible acuerdo en época electoral para hacer frente a la desinformación, pero con escasa información pública sobre el alcance real del acuerdo.

Falta de legislación en materia de protección de datos personales

Paraguay todavía es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley de protección de datos personales acorde a los estándares internacionales y adecuada a la actualidad. Esto afecta directamente a la ciudadanía y personas defensoras de derechos humanos. La situación también es un cheque en blanco directo sobre la capacidad de las campañas políticas para micro-segmentar audiencias diferentes, poniendo en riesgo la equidad, la transparencia y el acceso a información objetiva en períodos electorales. En contextos como el paraguayo, donde la mayoría de la población usa predominantemente Facebook y WhatsApp debido a las políticas de zero-rating vigentes por parte de los proveedores de servicios de Internet (ISPs), tales prácticas adquieren una magnitud que afecta directamente los derechos de la ciudadanía y al espacio informativo de integridad electoral en general.

Mirando hacia adelante

Los desafíos mencionados reflejan una realidad compleja en la que convergen la precariedad institucional, la posible desatención de las plataformas digitales hacia realidades locales en países periféricos, la ausencia de un estado de derecho sólido, la falta de garantías procesales y la deuda histórica de un marco legal más actualizado y acorde a los tiempos actuales. Comprender estas dinámicas es fundamental para avanzar en la construcción de un entorno digital más seguro y confiable. Solo a partir de un diagnóstico honesto será posible diseñar políticas públicas basadas en evidencia, que enfrenten la crisis de confianza en los espacios digitales sin comprometer el equilibrio entre el acceso a la información, la libertad de expresión y los riesgos de censura.

Para avanzar en esta dirección, el modelo de múltiples partes interesadas debe ser un pilar central de la solución y protegido a toda costa. No obstante, el auge de regímenes autoritarios en todo el mundo, incluido Paraguay, ha puesto en riesgo a actores clave dentro de este modelo, en particular las organizaciones de la sociedad civil. Por ello, cualquier iniciativa orientada a fortalecer la integridad de la información debe incluir un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho y exigir a los gobiernos que se abstengan de emplear tácticas autoritarias que silencien a grupos independientes, cuya función es precisamente servir de contrapeso al poder estatal y corporativo.

Además, es fundamental garantizar la transparencia de las plataformas digitales, independientemente de la relevancia geopolítica o económica de los países en los que operan. No puede haber una brecha en la protección de derechos según el lugar de residencia de las personas. Las plataformas deben comprometerse a ofrecer los mismos estándares de seguridad, inversión y acceso a la información en todas las regiones, sin importar si existen o no garantías legales locales sobre privacidad y datos personales. Solo así podremos construir un futuro digital más equitativo, donde todas las personas gocen de las mismas protecciones y derechos.

Notas al pie

1 Cabe señalar que candidatos de todo el espectro político han protestado por esta decisión.

2 Es decir, la sociedad civil y la academia.

3 El termino Mayoría Global refiere a las personas de ascendencia indígena, africana, asiática o latinoamericana,[1] que constituyen aproximadamente el 85 por ciento de la población mundial. Se ha utilizado como una alternativa a términos considerados racializados, como «minoría étnica» y «persona de color» (POC, por sus siglas en inglés), o términos más regionales como «minoría visible» en Canadá y «Negros, Asiáticos y Minorías Étnicas» (BAME, por sus siglas en inglés) en el Reino Unido. Para mas información https://en.wikipedia.org/wiki/Global_majority

4 En este artículo, utilizo el término periferia asumiendo que dentro de los países del Sur Global también existen diferencias importantes entre países que tienen mayor importancia en el ámbito internacional y en comparación con otros menos conocidos, como Paraguay.