La corrupción ha estado presente en todos los procesos de lucha contra el COVID-19. La falta de transparencia en la gestión pública es el origen de muchos de los problemas del país y esto quedó nuevamente en evidencia desde los inicios de la pandemia. Paraguay no aprovechó el tiempo de relativa calma (primeros meses del 2020) para corregir las grandes deficiencias del sistema de salud paraguayo y a la fecha tampoco ha logrado negociar la cantidad de vacunas necesarias para frenar efectivamente la pandemia, ni sancionar los graves hechos de corrupción en torno a la compra de insumos para el sistema de salud.
La corrupción en el sector salud abarca desde la compra de insumos, beneficios otorgados a personas que no califican como beneficiarios, aplicación de vacunas a personas fuera de los grupos prioritarios y la reventa privada de insumos de hospitales públicos. La debilidad institucional es una de las razones de fondo para que el virus de la corrupción y del COVID-19 continúen expandiéndose a un ritmo acelerado. La transparencia activa es necesaria tanto en la administración de los recursos como en el manejo de la información pública sobre el avance de la enfermedad y es fundamental en el combate contra la corrupción.
Existe un estrecho vínculo entre transparencia e información, sin embargo no basta con que exista información, para que sea transparente. Accesibilidad, relevancia, calidad y confiabilidad son al menos, los atributos que debe tener esa información para que sea transparente.
Instamos a la ciudadanía a participar, controlar y denunciar, estrechando el vínculo entre información, control ciudadano, y lucha contra la corrupción. A través del portal www.rindiendocuentas.gov.py, se puede solicitar más información y controlar; y denunciar en: www.denuncias.gov.py
Es importante que como ciudadanía pensemos y debatamos una ley especial e integral que defina y reprima específicamente esas conductas viciosas y que contemple otros factores como el abuso de funciones, los conflictos de intereses para favorecer al sector privado en perjuicio de los derechos de la gente y la protección integral a la identidad e integridad física de los denunciantes de corrupción y su entorno familiar inmediato.
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