El uso ilegal de bienes del Estado durante campañas electorales, la débil rendición de cuentas de los partidos políticos sobre sus finanzas, y la falta de independencia política de los miembros del TSJE son algunos de los aspectos que resaltan de Paraguay en un reporte sobre el estado de las finanzas políticas en 54 países del mundo. El reporte, iniciativa de las organizaciones Sunlight Foundation y Global Integrity de EE.UU. y el Electoral Integrity Project de la Universidad de Sydney y la Universidad de Harvard, asigna a nuestro país una puntuación de 33 en una escala de 100, una de la más bajas que se registran en el estudio.
Jazmín Acuña de la ONG TEDIC, parte del equipo internacional de investigadores de la iniciativa, ha estado a cargo de la recolección de datos por Paraguay para la medición de indicadores de transparencia, rendición de cuentas y aplicación en la práctica de los marcos legales existentes en materia de finanzas políticas. Por ejemplo, un indicador evalúa la entrega y disponibilidad de reportes financieros de los partidos tanto a las autoridades de control del Estado como a la ciudadanía en general. En el caso de nuestro país, el estudio expresa que “aunque los partidos políticos tienen el requerimiento de entregar balances de sus finanzas durante y fuera de los periodos electorales, en la práctica éstos carecen de detalles requeridos y hay muy poca información que se encuentre disponible al público“.
Paraguay también obtiene una puntuación baja en el indicador que mide cómo se regulan las contribuciones y los gastos de partidos políticos durante elecciones. Algunos casos emblemáticos, como las denuncias de uso de bienes del Estado para solventar viajes asociados a la campaña electoral del candidato presidencial de la Alianza Paraguay Alegre en el 2013, o la sugestiva compra del INDERT de tierras ligadas a la familia de Oviedo Matto en momentos de negociación electoral, opacan el desempeño local.
Otro indicador analiza la situación de terceros actores, como fundaciones, ONGs o think tanks, que de forma independiente solicitan contribuciones monetarias o de otro tipo y realizan gastos directamente ligados a campañas electorales. En la mayoría de los países del estudio no existen leyes que regulen las actividades de estos actores. Paraguay no es la excepción. Resalta en el reporte el rol que cumplió la Fundación Ñande Paraguay para posicionar la campaña del presidente Cartes en las pasadas elecciones sobrepasando la ley, en particular el uso de publicidad en televisión fuera del tiempo legalmente permitido.
Por último, el estudio considera problemática la composición del TSJE por los vínculos de los miembros a partidos políticos. Además, resalta la ausencia de auditorías, investigaciones o sanciones a las posibles violaciones que hayan ocurrido durante la campaña electoral del 2013. “Ya que el TSJE está comprometido políticamente, la observancia es débil“, concluye el reporte.
*Más información sobre el estudio se encuentra en el sitio Web de la iniciativa: https://data.moneypoliticstransparency.org/
https://data.moneypoliticstransparency.org/countries/PY/
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