El proyecto “Quién defiende tus datos” está inspirado en la iniciativa “Who has your back” de la Electronic Frontier Foundation (EFF), aunque la metodología aplicada para este estudio difiere de la utilizada en los Estados Unidos, ya que la realidad legal de Paraguay es notablemente distinta a la estadounidense.
En su cuarta edición, el proyecto evaluó a las mismas empresas de telefonía y servicios de Internet que se habían evaluado en las ediciones anteriores. Específicamente, se consideraron las empresas con un mercado superior a 15,000 clientes a nivel nacional, incluyendo a: COPACO, VOX, PERSONAL, TIGO y CLARO.
La investigación en el marco de este proyecto se centra en responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo protegen nuestra privacidad las Proveedoras de Servicios de Internet (con su sigla en inglés ISP)? ¿De qué manera resguardan nuestros datos personales? ¿Existen procedimientos claros al respecto? ¿Participan activamente en la defensa de nuestros derechos en las mesas de debate público?
Diversos informes y resoluciones de las Naciones Unidas han enfatizado la importancia del acceso a Internet como instrumento indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos, al mismo tiempo que contribuye a lograr mayores niveles de beneficios sociales e inclusión. En este contexto, la evaluación recurrente de la tecnología y las telecomunicaciones desde una perspectiva de derechos se vuelve esencial, ya que estas son fundamentales en nuestra actual forma de interacción y comunicación, desempeñando un papel crucial en garantizar el acceso equitativo a la información, la participación social y la conectividad global.
Desde la edición pasada, se realizó un pequeño ajuste que permite la comparación de criterios a nivel regional, modificación que se mantiene en esta investigación. Se ha incorporado una tabla de resultados para comparar el rendimiento de las empresas en las distintas categorías y criterios de evaluación de las cuatro ediciones de esta investigación (2017, 2020, 2022 y 2024). Los cuales se basan en su compromiso público con el cumplimiento de la ley, la adopción de buenas prácticas favorables a las personas usuarias de servicio de Internet, la transparencia en sus prácticas y políticas, la accesibilidad en sus plataformas web, entre otros aspectos.
Investigación: Antonia Bogado y Maricarmen Sequera
Colaboración y revisión: Veridiana Alimonti (EFF)
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