Resignificando las políticas de lo abierto: un desafío a corto y largo plazo.

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa global que busca generar confianza de la ciudadanía hacia el gobierno y promover la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Para dicho fin, las tecnologías e innovación son un factor central según la propia Alianza.

Paraguay forma parte del AGA desde el año 2012 junto con otros 75 países y actualmente está finalizando su Tercer Plan de Acción (2016-2018). Este año, Paraguay ha desarrollado su 4° Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA), contabilizando un total de 28 compromisos divididos en distintos poderes del Estado.

El 4° PAGA, que abarcará el período 2018-2020, fue elaborado durante seis meses a través de reuniones divididas por mesas temáticas como datos abiertos, inclusión social, justicia, medio ambiente y otros varios temas que hacen a la administración de lo público.

Siguiendo la filosofía de Gobierno Abierto y su metodología, representantes de distintos estamentos públicos y de organizaciones de la sociedad civil, así como ciudadanos sin ninguna representación institucional, fueron partícipes en la identificación de necesidades y compromisos que el Estado debe asumir en el marco de sus funciones y atribuciones.

Así, el 4° PAGA condensa 28 compromisos divididos en los distintos poderes del Estado y órganos autónomos:

Poder Ejecutivo

Compromisos

1- Programa Seamos Ciudadanos.

2- Rendición de Cuentas a Pueblos Indígenas

3- Estrategia Participativa para la Transformación Educativa

4-Observatorio Educativo Ciudadano (OEC)

5- Transparencia en la Microplanificación Educativa

6- Tramitación en línea de beneficios previsionales

7- Rendición de cuentas e incidencia ciudadana en la acción climática

8- Acceso a información sobre servicios de agua

9- Participación ciudadana en la reforma de la seguridad social

10- Participación protagónica de niños,niñas y adolescentes organizados

11- Fortalecimiento de la calidad de la participación ciudadana

12- Fortalecer la participación ciudadana en los programas de lucha contra la pobreza

13- Sistema de informes de costos de servicios de salud utilizados por cada beneficiario

14- Elaborar y mantener actualizada base de datos de precios referenciales

15- Formulación participativa de un proyecto de actualización de la Ley de Acceso a la Información.

16- Ley de Ética Pública e Integridad

17- Decreto que implementa el Manual de Rendición de Cuentas.

18-Programa datos abiertos sostenibile y reponsable

19- Formulación participativa de una política nacional de simplificación de trámites

20- Transparencia y rendición de cuentas en el presupuesto

21- Revisión del Plan Nacional de Gobierno Abierto, inclusión de compromisos de grupos vulnerables y reforma de la Mesa Conjunta

Órganos constitucionales autónomos

1- Instalación de un Observatorio del Sistema de Justicia Penal.

2- Ley de «Archivo General de la Nación y del Sistema Nacional de Archivos de la República del Paraguay»

3- Transparencia en el enjuiciamiento de magistrados

4- Creación de un mecanismo de medición de la gestión de los agentes fiscales de Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anti-corrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UDEA/LDFT)

Poder Judicial

Compromisos de Justicia Abierta

Congreso Nacional

Compromisos de Parlamento Abierto.

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Derechos Humanos y Gobierno Abierto.

Gobierno abierto, como movimiento y filosofía según algunos críticos, no ha logrado hasta el momento constituirse en un espacio donde organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales se sientan particularmente convocadas a participar.

Si bien existen organizaciones de la sociedad civil que colaboran activamente para mejorar los estándares de gobierno en temas de transparencia y acceso a la información pública, no se identifican mucho organizaciones de base que trabajen con comunidades LGTBQI y de mujeres, así como de grupos indígenas y otros movimientos de base.

Esto debe ser una importante auto-crítica que el AGA- así como sus implementadores a nivel local- deben de realizar a modo de ampliar su alcance y significado. Si bien hay leves pasos identificados (por ejemplo fondos que incentivan nuevos tipos de participación), las mismas todavía colocan a dichas comunidades como espectadores y no como factores reales de cambio cuyas opiniones y percepciones son tomadas en cuenta desde un principio.

Así también, la posibilidad otorgada por este espacio para el debate con distintas instituciones públicas debe ser reconocida, mejorada y ampliada a modo de demostrar con el paso del tiempo la efectividad y oportunidad que ella ofrece.

TEDIC viene participando de los sucesivos planes de acción de gobierno abierto¹ desde 2013, siendo el 4° PAGA el tercer plan de acción en el cual se involucra activamente.

Debido al trabajo de la organización en temas de protección de datos personales y privacidad, fue identificada la necesidad de plantear en el marco de este proceso la urgente necesidad de una nueva ley de protección de datos personales. El AGA fue central en su momento como un espacio que potenció la Ley de Acceso a la Información Pública, y podría constituirse nuevamente en un lugar de nucleación de distintos actores para el debate de este importante tema para toda la sociedad paraguaya.

Las discusiones de este tema en específico fueron planteadas y canalizadas a través de la mesa de datos abiertos, pero lamentablemente, luego de una larga exposición de motivos por parte de TEDIC, otro tema acabó siendo priorizado por parte de la mesa. Sin embargo, la necesidad de abordar la temática de protección de datos personales fue reconocida en el marco del compromiso nº 15, al decir que:

Existen otros temas que exigen revisión tales como las excepciones, los partidos políticos como sujetos de la ley, y la protección de datos personales. Este último tema está en el ámbito de las excepciones en lo que hace a acceso a la información pública, pero es más amplio, y no se restringe a la información pública.

Si bien el resultado no es ideal, en el sentido de que- como bien lo aclara el propio texto- la protección de datos personales es mucho más amplia que la esfera ofrecida por la información pública, puede ser un importante punto de inicio a la hora de debatir esta necesidad por parte de distintos actores de la sociedad.

Por otro lado, en la mesa de inclusión social, TEDIC propuso la necesidad de unificación de campos y categorías a la hora de recolectar casos de feminicidios por parte de instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público. Actualmente, existen distintos procesos a la hora de recoger estos datos, contribuyendo lo anterior a la invisibilización o incorrecta clasificación de este tipo de crímenes, y obstruyendo así en la generación de políticas públicas efectivas que aborden de manera integral el tema.

Es importante entender que el proceso colectivo que plantea el AGA, implica que diversos temas son puestos sobre la mesa y que, finalmente, un proceso final de votación es el que determina cuáles serán los compromisos a ser incorporados en un plan de acción. Así, la propuesta de un único estándar de recolección de datos de feminicidio no fue votada como la principal en el marco de dicha votación.

Tanto la propuesta de protección de datos personales como la de estandarización de datos y feminicidios, son dos temas de gran necesidad que deben ser asumidos por el gobierno y sociedad civil, a modo de garantizar la seguridad y bienestar de las personas en el corto y largo plazo.

Desde la organización TEDIC se continuará señalando la necesidad de este tipo de temática y se continuará aprovechando cualquier espacio de discusión habilitado para crear conciencia. La nueva administración entrante tiene la excelente oportunidad de lucirse y demostrar su capacidad y voluntad para dar solución a dos temas de urgencia y controversia. Desde la organización existe toda la voluntad para colaborar en el área y en alianza con las autoridades competentes así como con otros representantes de la sociedad.

Por último, la inclusión de nuevos actores, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales a los espacios de discusión es uno de los últimos frentes a ser derrumbados a modo de lograr verdaderas políticas inclusivas de lo abierto. Se necesita un amplio proceso de introspección por parte de generadores de políticas públicas a modo de que se puedan crear espacios seguros que faciliten realmente la participación de todos y todas.