Desde el 2018, TEDIC realiza un reporte anual de las tendencias sobre tecnología y derechos digitales en Paraguay. La información es recogida en la plataforma del Observatorio Antipyrawebs. Esta plataforma es un portal web construido con código abierto y libre que indexa noticias, vídeos, notas y opiniones sobre los derechos humanos en el entorno digital. Utiliza el sistema Zotero para organizar cada enlace indexado y fue creado en 2018 por iniciativa de TEDIC, con el apoyo de Access Now LATAM.

Este texto se enfoca en las principales tendencias del año pasado entre los 202 enlaces monitoreados en el Observatorio, clasificados en 14 categorías. Las tendencias del 2022 se citan en orden de mayor a menor mención, ignorando las categorías no utilizadas. Con los datos obtenidos del sitio se pueden citar en la disposición susodicha las tendencias del 2022:

Regulación (50 textos indexados) representó el 24.75% del total.
Innovación (43) 21.29%
Voto electrónico (27) 13.37%
Datos personales (18) 8.91%
Privacidad (13) 6.44%
Género (11) 5.45%
Educación (8) 3.96%
Ciberseguridad (7) 3.47%
Democracia (7) 3.47%
Otros (7) 3.47%
Libertad de expresión (6) 2.97%
Conectividad (4) 1.98%
Alianza público privadas (1) 0.50%

A partir de esta clasificación se pueden establecer ciertos parámetros de acción más específicos para revisar las políticas públicas que fueron presentadas y las que pueden ser postuladas en un futuro próximo. Asimismo, esta información sirve para generar conciencia crítica en torno a los temas fundamentales para la sociedad en la que la política y la tecnología se han vuelto inseparables.

La regulación (propaganda electoral en redes sociales y criptominería), el voto electrónico (elecciones internas y previa a las generales) y los datos personales (afiliaciones sin consentimiento, utilización de datos privados y el proyecto de ley de datos personales) son asuntos que se han establecido como parte fundamental de nuestras relaciones sociales y de las políticas que demarcan los límites de las mismas, por ello y por una razón de extensión el artículo se explaya sobre estas tres tendencias citadas con sus diversas problemáticas inherentes.

Principales tendencias del 2022

Regulación

La falta de regulación de la propaganda electoral fue uno de los temas principales tratados en los diversos medios monitoreados durante el año pasado, en el contexto de las elecciones simultáneas (y con miras a la elección general 2023) esto adquiere mayor relevancia. Se pudo comprobar la preocupación de la sociedad civil e incluso de representantes del sector público en los más de veinte enlaces y comentarios indexados al Observatorio.

En esta línea, TEDIC publicó una investigación en la que examinó de manera pormenorizada el gasto y las implicaciones de los diferentes candidatos (limitado a la ciudad de Asunción) en redes sociales durante las elecciones municipales del 2021, este trabajo permitió tener una aproximación al enfoque electoral propagandístico en las redes sociales en Paraguay.

La situación actual denota que, a partir de las diferentes noticias enlazadas al observatorio, existe una falta de reglamentación clara respecto a los espacios digitales y la propaganda política con fines electorales: la mayor cantidad de denuncias se aglutinaron hacia el quebrantamiento de los plazos permitidos para la propaganda y el descontrol de esta. Aunque este hecho no se reduce únicamente a las redes sociales, es un punto relevante porque ahora mismo no existe una ley efectiva para el control o sanción estatal en contra de estas vulneraciones e incluso utilizan este margen de maniobra para sobrecargar las diversas redes con pautas publicitarias millonarias en tiempos de veda electoral.

Esto llevó a que incluso el juez electoral del departamento central, Modesto Nuñez, —a partir del análisis y recomendaciones en torno a la propaganda electoral en redes sociales de Andrew Puddephatt (2019)— propusiera a la fiscalía entender a las redes sociales como ‘medio de comunicación social’ para que la propaganda dentro de estas sean reguladas por las normativas vigentes y así solventar lo que él mismo calificó como un “problema sin solución” (La Nación, 2022). La necesidad de una reglamentación que contemple las especificaciones del espacio virtual es urgente para proteger al electorado que en los últimos tiempos se ha visto sobrecargado de pautas en períodos de campaña electoral y fuera de ella.

La criptominería, las criptomonedas y los criptoactivos también fueron algunos de los asuntos más citados en el portal, ya que en el 2022 se trató un proyecto de ley que pretendía regular estos, pero sin haber consignado un trabajo mucho más profundo de investigación y debate con la sociedad civil.

En la academia especializada (Lacasa, 2022), refirieron que uno de los grandes problemas de este proyecto fue la inclusión de los Non-Fungible Token (NFT) sin una visión técnica, teniendo en cuenta que el NFT afecta de manera directa a los derechos de autor y conexos, marcas e incluso a la oferta pública de valores y deberían ser regulados especialmente. Agregó además que la regulación debe ser manifiesta en alusión a la minería de criptoactivos y a los criptoactivos por sí mismos, porque son dos cuestiones distintas.

Fueron sumándose a lo largo del año más preocupaciones sobre la minería, entre las menciones resaltó que esta genera una notable contaminación y un consumo muy alto de energía eléctrica. En Caaguazú, por ejemplo, se realizó una intervención a mediados de septiembre a una de las tantas granjas de criptomoneda en la ciudad que contaba con conexiones clandestinas de electricidad; no fue un caso aislado ya que se dieron más intervenciones de esa naturaleza en el 2022.

La sociedad civil abogó por una discusión más amplia alrededor de una futura legislación, para que de esta forma exista una apertura democrática en la minería y todo lo que involucra en términos medioambientales y sociales.

Voto electrónico

El voto electrónico acaparó por varios meses los portales de información con justa razón, teniendo en cuenta que en el 2022 se realizaron las elecciones internas simultáneas de los diferentes partidos, concertaciones y alianzas de caras a las generales de este año. Las máquinas de votación electrónica no estuvieron exentas de críticas tanto desde la sociedad en general, la academia o miembros de los propios partidos, sumado a esto el incendio en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) acrecentó las denuncias y la preocupación en relación a la institucionalidad democrática.

El año inició con la propaganda del TSJE, asegurando que todo estaría bajo control en las elecciones próximas y que, incluso, estaban adquiriendo mayor tecnología para mejorar el funcionamiento de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el sistema que permite la difusión de los resultados preliminares.

El Director de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del TSJE, Lic. Fausto von Streber, afirmó que la ejecución de la ley Ley Nº 6318 (de lista cerrada y desbloqueada) con el sistema de voto electrónico fue óptima, además añadió que generó confianza y seguridad en el electorado. En contraste, una encuesta realizada en el contexto de las elecciones municipales de 2021, anexada a un artículo en el Observatorio Antipyrawebs, arrojó como resultado que si bien la sensación que queda es que las máquinas son más rápidas y eficaces para completar el proceso de votación, esta percepción positiva disminuye en lo que refiere a confiabilidad y seguridad.

La Misión de Observación Electoral Nacional (MOEN), presentó en el 2022 su informe sobre las elecciones municipales donde la organización resaltó “la excesiva utilización del voto asistido y la emisión de fotografías” (ABC Color, 2022a) en el cuarto oscuro, esta problemática también se replicó en las elecciones internas posteriormente.

Meses antes de las elecciones internas, el bloque G de la sede central del TSJE fue gravemente afectado por un incendio. Este desastre causó la muerte de Anibal Ortíz, quien era funcionario del Tribunal y, además, la destrucción de más de 7 mil máquinas (de las 22 mil alquiladas) de votación. Este siniestro demostró las debilidades estructurales (Made in Paraguay, 2022) de una institución estatal fundamental, ya que en esta sede se resguardan materiales importantes la estructura debería tener mayor seguridad, contar con protocolos adecuados y mecanismos de prevención para evitar eventos así.

El presidente del TSJE, Jaime Bestard, confirmó que el sector que fue consumido por el fuego no fue restaurado en al menos 15 años, y no descartó la posibilidad de que este incidente haya sido provocado de manera intencional.

Antes de esta situación ya varias organizaciones de la sociedad civil habían expresado preocupación por las implicaciones de la aplicación de las máquinas de votación, teniendo en cuenta la falta de políticas de seguridad para con los elementos críticos (máquinas de votación, sistema TREP, y otros elementos que permiten el desarrollo de una elección). Y esto solamente reforzó eso, el Estado aún no atiende a la importancia de planificación para el resguardo de las estructuras cruciales para la democracia.

Estas organizaciones civiles apuntaron principalmente que las autoridades deben darle mayor interés a discutir de manera criteriosa, en el marco de los Derechos Humanos, la tecnología a implementarse y la protección de ésta, en lugar de presentar estos sistemas desde la óptica solucionista y sin ningún enfoque en políticas de seguridad.

Datos personales

Una de las principales disyuntivas que se presentó en los artículos agregados al observatorio fue: ¿Cómo proteger los datos personales? Aunque desde las organizaciones civiles se iniciaron diversas campañas de concientización (ABC Color, 2023b) y se busca la sanción del proyecto de ley impulsado por la Coalición de Datos Personales en Paraguay, aún no existe una herramienta certera para acabar con el cuestionamiento y proteger efectivamente los datos sensibles de las personas. Es un trabajo que requiere una constante presión hacia las autoridades.

El escenario electoral proporciona una de las muestras más gráficas de la exposición de datos personales: los mensajes de candidatos a líneas personales y privadas (mensajes de cumpleaños, propaganda de campaña, etc.), o incluso el acceso a datos identificatorios sensibles, y esta situación no se reduce ni mucho menos al ámbito electoral: el tráfico y comercialización de base de datos es moneda corriente en la internet. También el acceso de empresas a los historiales en Informconf, que si bien puede ser multada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) mediante la ley 6.534/20 no es suficiente para evitar estas situaciones.

En el 2022, en relación al acceso indebido a datos personales, los abogados Gerardo Paciello y Tania Guerrero publicaron una investigación sobre casos de afiliaciones sin consentimiento en diversos partidos (con una mayoría en la Asociación Nacional Republicana – ANR), el mecanismo de habeas data como respuesta a la inclusión irregular, y recoge además las opiniones jurídicas de especialistas del sector privado y público. En este trabajo se pone de manifiesto la desidia estatal en la voluntad del TSJE y de las autoridades a la hora de controlar las afiliaciones y luego en responder ante estos hechos.

A esto hay que añadir que el año pasado se presentó un proyecto de ley “Que regula la aplicación de la huella dactilar en los comicios” en diputados, el documento fue firmado por Rocío Abed (ANR/Alto Paraná); Justo Zacarías Irún (ANR/Alto Paraná); Basilio Núñez (ANR/Pdte. Hayes); y Esmérita Sánchez (Partido Liberal Radical Autentico/Caaguazú). Este proyecto es peligroso porque con ciertas modificaciones que fueron aplicadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la misma cámara, pretende incluir en el proceso de votación no solo las huellas sino también reconocimiento facial o incluso del iris. Contra este tipo de proyectos se debe exigir el cumplimiento irrestricto de las normas internacionales y locales que protegen los datos sensibles de las personas y el secreto del voto. Por lo cual es también urgente pedir por la ley de protección integral de los datos personales que, de acuerdo a los principios de Derechos Humanos, pueda frenar los incumplimientos y sancionar de manera efectiva estas transgresiones.

Libertad de expresión

En lo que refiere a la libertad de expresión, el portal recogió durante el año 2022 varios artículos en los que se discuten desde el panorama de Twitter con la adquisición de Elon Musk hasta ciertas prácticas estatales que pueden violentar este derecho.

El mayor problema en Twitter, en lo que refiere a libertad de expresión, ya es advertido por varias organizaciones internacionales y es la moderación de contenido. Teniendo en cuenta la línea de moderación que impulsa Musk, tal como indicó Eduardo Carrillo, es una perspectiva de libertad de expresión que pretende asentar a cualquier precio y que confronta directamente con los principios de los Derechos Humanos.

Este enfoque que se ha aplicado desde el primer momento (con el despido de la junta directiva a cargo de la moderación) pone en peligro a usuarios de comunidades vulnerables, afectadas por políticas que tienen el potencial de violentar su privacidad o incluso su identidad.

La libertad de expresión es un derecho, como tal está garantizada también por la Constitución de la República del Paraguay en su artículo 26, asimismo se protege y regula teniendo en cuenta las normativas internacionales ratificadas que sientan las bases de la interpretaciones jurídicas en relación a esta libertad. Pero tiene límites, a su vez existen dentro de estas mismas normas excepciones dentro de las cuales se encuentran restricciones para proteger la reputación y la integridad de las personas.

En el último año se han dado antecedentes importantes sobre la capacidad de estas redes sociales de limitar la libertad de expresión de manera arbitraria. En Paraguay varias cuentas de medios de prensa fueron bloqueadas en contextos electorales, con relación a estas situaciones Macarena Duarte y Sara Valenzuela publicaron un artículo que examina con mayor profundidad las implicaciones de las redes sociales en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

De esa misma forma la polémica se trasladó al terreno jurisdiccional, cuando el juez Gustavo Amarilla de primera instancia decretó como medida alternativa la prohibición de realizar publicaciones en redes sociales. Esta sentencia fue apelada y posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación de Feria. Uno de los miembros del tribunal declaró que esa sentencia de primera instancia censuró sin ninguna duda el derecho constitucional de la imputada.

La discusión en relación a los límites de la libertad de expresión en las redes sociales aún sigue vigente y debe seguir así, ya que es un tema amplísimo en el que se disputan los Derechos Humanos. El enfoque de la moderación de estos espacios en la internet también ha sido cuestionado a lo largo del año y deben ser tomado con mucha seriedad desde el ámbito estatal, tanto en la capacidad legislativa como en la interpretación jurídica. Existen multitud de variables que deben ser abordadas por su potencial de incidencia en la sociedad, entre ellas: la desinformación y los discursos de odio.

Género

A mediados del 2022, la periodista Mercedes Barriocanal fue víctima de doxing (ABC Color, 2022c) por parte de Juan Vera, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (ASUCOP), quien publicó el número personal de la periodista en un grupo de Whatsapp pidiendo que escriban mensajes de repudio en un tono vehemente.

El doxing es un formato de violencia digital que consiste en exponer datos personales sin consentimiento que permiten identificar o ubicar a una persona para acosar, amenazar y/o hostigar. El lenguaje violento a la que fue sometida Barriocanal y su familia, lleva naturalmente a replantear las herramientas legales para asegurar la protección efectiva contra la violencia de género (las víctimas mayoritarias de esta violencia digital son mujeres) que, como en este caso, puede escalar y acrecentarse por medios digitales.

En Paraguay no existe tipificación específica para la violencia digital y sus variantes, por ello la alternativa para proteger la integridad en este tipo de casos se reduce a la medida cautelar que puede solicitarse mediante la ley 5777. Es urgente que el legislativo discuta y regule sobre la violencia digital, ya que es una realidad y ocurre cada día con mayor regularidad, se necesitan más herramientas para asegurar la protección integral de las personas ante este tipo de violencia.

Según el Global Gender Gap (p. 284), publicado en el 2020, Paraguay tiene un índice de predominancia de la violencia de género hacia las mujeres del 17.9%, este no es un dato menor para comprender el contexto en el que se dan situaciones como la de Mercedes Barriocanal o el caso de Belén Whittingslow, quién denunció a Cristian Kriskovich por acoso sexual en la Universidad Catolica. La causa fue desestimada por la fiscalía al considerar que lo hecho por Kriskovich no fue acoso sino “galanteo”, luego de esto Belén fue implicada en otros dos procesos (penal y civil). Ante la praxis cuestionable del Estado, en 2019, CEJIL y TEDIC (junto con la familia de Whittingslow) enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que este organismo pudiera interiorizarse del caso y pedir información al gobierno paraguayo.

El año pasado la CIDH emplazó al estado paraguayo para que comunique las observaciones del caso de Belén y sus acciones a ese respecto. No se conoce aún el contenido de la respuesta del gobierno, pero esta solicitud es un primer paso importante para discutir la violencia dentro del proceso de Belén (que ahora está sufriendo una de las penas más graves del derecho romano: el exilio) y de muchas otras situaciones similares. Es imperativo seguir con atención la respuesta del Estado y exigir el cumplimiento de las garantías procesales y de los derechos básicos de Belén Whittingslow en el marco de las causas que siguen.

Conclusión

Este siglo requiere superar las palabras y los esquemas obsoletos que legaron las tiranías en la historia y pasar a intentar comprender el mundo con nuevos términos que configuran las posibilidades de una sociedad. Pero esto no se limita a las opciones lingüísticas ni gramaticales sino también a la lucha por los derechos propios del ser humano, queda recuperar el espacio de la internet y lograr que sea seguro y accesible para cada persona, donde sea que esta resida.

Desde las regulaciones, pasando por la violencia digital, hasta los datos personales, el año dejó importantes lecciones, así como noticias que pueden ofrecer optimismo de cara al futuro y que son dignas de mencionar: sentencias de habeas data a favor de la exclusión de personas irregularmente inscritas en los padrones partidarios y el emplazamiento de la CIDH al gobierno paraguayo para informar sobre el caso de Belén Whittingslow.

De igual manera existen otros temas necesitan de un profundo debate, más amplio de lo que fue, como debería darse por ejemplo con respecto a la criptominería en el país y todo lo que esto podría implicar en el medioambiente e incluso en términos de sostenibilidad, también en torno a la falta de regulación de la violencia digital, de los límites de la libertad de expresión, y de las prácticas gubernamentales como respuesta.

En Paraguay, como se ha visto en las tendencias del año pasado que recogió el Observatorio Antipyrawebs, existen aún muchas situaciones en las cuales se atenta contra los Derechos Humanos, y también se han mostrado los peligros potenciales producto de la falta de políticas públicas adecuadas en otros segmentos. En ese sentido las acciones de las organizaciones sociales, civiles e iniciativas en múltiples espacios integrales son fundamentales para seguir respondiendo ante la falta de verdad e injusticia en la internet y en la vida misma.

Referencias

ABC Color. (2022a). Persiste voto asistido, dice estudio de Alma Cívica. ABC Color. https://www.abc.com.py/politica/2022/11/05/persiste-voto-asistido-dice-estudio-de-alma-civica/

ABC Color. (2023b). Insisten en proyecto de “protección de datos personales”—Política—ABC Color. ABC Color. https://www.abc.com.py/politica/2023/02/03/insisten-en-proyecto-de-proteccion-de-

ABC Color. (2022c). Violencia digital: ¿Qué es el doxing y cómo evitarlo? https://www.abc.com.py/nacionales/2022/12/01/que-es-el-doxing-y-como-evitarlo/

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La Nación. (2022). Propagandas electorales extemporáneas son un problema sin solución. La Nación. https://www.lanacion.com.py/politica/2022/09/03/propagandas-electorales-extemporaneas-son-un-problema-sin-solucion/

Lacasa, P. (2022, mayo 7). Los criptoactivos en Paraguay: Diagnóstico legal (Parte I). El Nacional. https://www.elnacional.com.py/opinion/2022/05/07/los-criptoactivos-en-paraguay-diagnostico-legal-parte-i/

Puddephatt, A. (2019). Redes sociales y elecciones (V. De Negri, Trad.). Cuadernos de discusión de comunicación e información. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370634_spa

Sequera Buzarquis, M. S. (2018, abril 24). El estado de libertad de expresión en línea en Paraguay. TEDIC. https://www.tedic.org/el-estado-de-libertad-de-expresion-en-linea-en-paraguay/

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Toret, J., Calleja-López, A., Marín Miró, Ó., Aragón, P., Aguilera, M., Barandiaran, X. E., Lumbreras, A., & Monterde, A. (2015). Tecnopolítica y 15M: La potencia de las multitudes conectadas : un estudio sobre la gestación y explosión del 15M (Primera edición digital). Editorial UOC. https://tecnopolitica.net/sites/default/files/Tecnopolitica.pdf

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